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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó reformas electorales de Chiapas, publicadas apenas en junio pasado, pues considera que los cambios tenían impacto directo entre las comunidades indígenas, a las cuales no se les consultó.
Son diversos cambios a las leyes Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Participación Ciudadana y de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal que, entre otras cosas, ampliaban las funciones y definían el método de elección de los integrantes de las Asambleas Generales Comunitarias (AGC), que con los órganos de representación indígena ante los ayuntamientos y congreso local, indicó La Jornada.
Para no dejar en la indefinición jurídica al próximo proceso electoral local, se ordenó la reviviscencia de las normas que estaban vigentes hasta antes de los decretos invalidados ahora, con la indicación de que, a más tardar en el 2022, se convoque a una consulta indígena sobre las reformas propuesta para las AGC.
Se ordenó que las próximas elecciones locales se efectúen con base en las leyes anteriores a las normas ahora invalidadas, y que se convoque a una consulta indígena que permita a este sector de la población dar su opinión libre e informada sobre los cambios legales afectarían sus métodos tradicionales para elegir a sus representantes.
La Suprema Corte echó abajo esa nueva ley, pues considera que no garantiza la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas, además de que calificó como inválidas las modificaciones respecto a tiempos de campañas electorales, por lo que para el proceso comicial de 2021 se deberá aplicar el Código de Elecciones y Participación Ciudadana vigente.
“Debimos haber solicitado una opinión técnica al IEPC, pues las leyes que se crearon en este sentido a final de cuentas quien las aplica es este organismo”, opinó la única diputada Olga Luz Espinosa, del PRD, explicó el portal Sin Fuero.
La nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas ahora revocada, establecía cambios en los plazos para la reelección de diputados y miembros de Ayuntamientos, aunado a que incluía más requisitos a cumplir para quienes deseaban ser aspirantes a candidaturas independientes, entre ellos, un mayor número de firmas.
