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Uno de los retos del nuevo sistema penal adversarial es lograr la sensibilización de los medios de comunicación para informar los hechos judiciales con ética, responsabilidad social y lo más cercano a la realidad de lo que ocurre en los juzgados, manifestó José Guillermo Aranda Hernández, juez con licencia del Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJECh).
En la realización del Taller: Comunicación Masiva en la Implementación de la Justicia Penal Adversarial (SAA) dirigido a periodistas chiapanecos, el exmagistrado hizo un análisis de los antecedentes del sistema penal y los cambios que han emergido desde el actuar de las autoridades en la ejecución del debido proceso para evitar las violaciones a los derechos humanos, el uso de las “salidas” en los centros de justicia, hasta llegar a los factores sociales que inciden en la misma libertad de expresión.
No siempre se dice la verdad
Comentó que los periódicos, los noticieros de televisión y la radio, en su misión de informar el acontecer de los hechos delictivos, pueden hacer uso de las fuentes de información que tengan disponibles y sus herramientas digitales, “pero eso no quiere decir que estén diciendo la verdad absoluta, ya que pueden caer en mentiras por las declaraciones de los actores; de esta forma la única verdad podría recaer en la justicia a través de los resultados de la investigación, los procesos correctos, y así poder declarar que una persona o grupo es culpable de haber cometido algún tipo de delito”.
Es sus comentarios, afirmó que pueden existir pensamientos divergentes al escribir o decir una noticia al caer en confrontaciones éticas como “hablar de lo incorrecto vs correcto, verdad vs mentira, presunto culpable vs culpable, corrupto vs legal”; por lo que a su opinión lo óptimo podría ser utilizar tecnicismos y un lenguaje coloquial para el entendimiento de la sociedad que los lee o visualiza.
Aranda Hernández dijo que el camino de mejorar y lograr los retos a vencer de la SAA se encuentran la implementación de reformas legales con participación de expertos judiciales, plataformas computarizadas para el control integral de los procesos, la profesionalización de policías y peritos, y una auténtica sociedad civil; para que los medios de comunicación informen con mayor veracidad y ética profesional.
(Con información de Margarita Solórzano)
