CIRO CASTILLO
Ayer renunció intempestivamente a su cargo la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, con el viejo argumento de “motivos personales”.
Dicen que la señora tiene un carácter a prueba de tempestades, aunque tras los comicios de julio pasado, estuvo en el blanco de las miradas.
El TEPJF tuvo que definir situaciones electorales polémicas como Puebla y aquella multa a Morena por el famoso fideicomiso para ayudar a los damnificados del “temblorón” por casi 200 millones de pesos, entre otros asuntos.
Por eso resultó un tanto sorprendente que la magistrada dejara el cargo de un día para otro.
No falta quien piensa mal, y lanza un buscapié: podría tratarse de presiones contra la magistrada.
¿Alguien le dijo algo a la señora para que se bajara del camión, así ligerito? ¿Le tuvo temor a algo o a alguien?
¿Qué le pusieron en la mesa o en frente para que tomara esa decisión?
Estamos viviendo nuevas formas en la política mexicana. Por eso no es extraño que surjan las siempre temerarias “malditas dudas”.
A DISIPAR DUDAS EN EL CASO DE LA GUARDIA NACIONAL
El senador por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, explicó que en la Cámara Alta están tomando muy en serio el análisis del tema de la propuesta de creación de la Guardia Nacional.
Dijo que se convocará a los titulares de la Sedena, Semar y Seguridad Pública, precisamente para tener más información respecto al funcionamiento de la propuesta Guardia Nacional.
Aceptó que hay dudas de parte de algunos grupos parlamentarios y, precisamente para ello es necesario que se disipen las dudas.
“Queremos platicar con los Secretarios de la posibilidad de mantener el mando civil y la incorporación de las Fuerzas Armadas a este nuevo órgano de la Guardia Nacional, al menos en lo que respecta a la capacitación”, expresó el legislador chiapaneco, muy activo en sus temas.
LA CNTE Y LOS CAMINOS DE MICHOACÁN
Maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen bloqueadas las vías del tren en Michoacán desde hace varias semanas. Exigen el pago de bonos y salarios atrasados.
Los gobiernos estatal y federal se “echaron la pelotita”, mientras cargamentos de gasolina, combustóleo, acero y otro tipo de productos necesarios para la industria están varados.
La pregunta es por qué razón la federación y el gobierno michoacano han tardado tantos días en atender el asunto. ¿Y por qué no los desalojan y aplican el Estado de Derecho? ¿No se supone que los maestros, especialmente de la CNTE, ya se quedarían quietos por aquello de que la Reforma Educativa será derogada?
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