EDUARDO GRAJALES
La lista de “chayotes” que reveló ayer el periódico Reforma es apenas la fisonomía de una empresa multimillonaria dedicada por años a la extorsión de las instituciones públicas del Estado mexicano, mediante el uso faccioso de algunos medios de comunicación privados y de sus principales protagonistas, quienes más allá de informar a la sociedad de manera objetiva y crítica sirvieron de comparsa para promover la estrategia de comunicación oficial del sexenio pasado.
Los mil 81 millones 715 mil 991 pesos dirigidos disimuladamente a acallar a un sector de la prensa nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto son apenas la punta del iceberg del enorme dispendio discrecional que muchos gobiernos de todos los colores y todos los niveles han venido realizando desde tiempos remotos hasta la actualidad bajo el mote de “asignación de publicidad oficial”, y que consiste en ahorcar económicamente a aquellos medios antagónicos a sus políticas y a encubrir a los que sí se prestan a vanagloriarlos.
Esta dinámica que tiene sus orígenes desde el porfiriato con aquello de la famosa máxima del dictador de “ese pollo quiere su maíz”, generó en épocas recientes la emergencia de grandes corporativos de comunicación que hoy ostentan un inmenso poder político y económico, como el del duopolio televisivo de Tv Azteca y Televisa por citar los más evidentes.
Estos consorcios de la comunicación se enriquecieron durante toda la época priista basados en ese sistema de corrupción con la prensa, instalado por el mismo régimen priista al que el mismo fundador de Televisa, Emilio Azcarraga dijo colaborar como un soldado del presidente. Afortunadamente y derivado de los cambios en la política de comunicación de la 4T, se les ha recortado recursos millonarios en publicidad innecesaria, mediante la cancelación de varios de sus servicios ocasionando que sus acciones en el mercado de valores vaya cada vez más en picada.
Lo anterior, pone de manifiesto que el supuesto éxito comercial que tuvieron estos emporios y la fama alcanzada por sus principales protagonistas no devino de su atractiva oferta de contenidos, sino de su habilidad de transar, corromper, presionar y traficar con una amplia red de influencias que lograron construir a costa de emprender contra un sector de la clase política toda la maquinaria de difamación y calumnia que les permitían sus micrófonos y pantallas, o caso contrario de montar escenarios muchas veces burdos en favor de sus principales clientes.
Basta recordar el vergonzoso montaje que hizo Televisa en sus noticieros para engrandecer al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante la captura de la francesa Florence Cassez, acusada y encarcelada por secuestro, pero después liberada por evidentes violaciones al debido proceso, y quien hoy mantiene una millonaria demanda contra el Estado mexicano por daños a su imagen. Casos como estos hay muchos y de los más deleznables.
Afortunadamente, la emergencia de las redes sociales abrió una nueva etapa en la comunicación política y en la actualidad los medios de comunicación tradicional han resentido el empoderamiento de las redes sociales, donde todos y todas, instituciones y población en general, tienen una ventana de oportunidad para expresarse públicamente y lograr una comunicación masiva a partir de la creatividad que tengan en la emisión de sus comunicados.
Esta breve radiografía de una nocivas pero vigente práctica en los medios de comunicación mexicanos invita a reflexionar varios aspectos que apuntan a los ajustes necesarios que debe contemplar una política de comunicación propia de un gobierno democrático como lo es el establecimiento de normas claras y contundentes para la regular la asignación de la publicidad oficial y terminar de una vez con el uso discrecional de los recursos públicos que cada sexenio genera a nuevos millonarios.
En ese sentido, cobran valor las propuestas de diferentes organizaciones de la sociedad civil y de algunos periodistas destacados, como Articulo 19, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Carmen Aristegui, Raúl Trejo del Abre, Aleida Calleja entre otros, que por años han buscado sin gran éxito que el Estado transparente los recursos derivados de la asignación de publicidad como una primera garantía del derecho a la información consagrado en el octavo constitucional.
Hasta el día de hoy es casi imposible saber el monto y los beneficiarios de los contratos publicitarios que realizan los gobiernos de las diferentes entidades de la República.
En el caso de Chiapas, por poner un ejemplo, los ex gobernadores Juan Sabines y Manuel Velasco se rehusaron durante todo su sexenio a hacer pública esta información requerida a través de incontables solicitudes de información, a las que respondía de manera negativa.
A costa de lo anterior, hoy existen en la entidad y a nivel federal una gran diversidad de medios de comunicación cuya existencia no termina por entenderse pero que sin embargo siguen reflejados en los presupuestos gubernamentales cuando tales recursos bien podrían destinarse a los medios públicos que, en contraste, atraviesan serias dificultades económicas que les permitan subsistir.
En otro aspecto, resulta necesario también entrarle a la discusión del establecimiento de criterios claros para los proveedores de los servicios publicitarios, como la certificación de sus medios mismos que muchas veces carecen de los requisitos necesarios para operar, ya no se diga de contar con una filosofía, vocación y códigos de conducta que contribuyan a romper el estigma del “chayote” en la sociedad actual.
Aunque el gobierno federal ha dado visos de cambio en la materia, hasta que estos aspectos señalados no cuenten con una legislación apropiada, las entidades federativas seguirán manteniendo esa vieja dinámica fundada en la máxima lopezportillista del “no pago para que me peguen”, permitiendo el abuso de anunciantes que no periodistas.
Finalmente, es necesario señalar que la publicación de esta controvertida lista de medios chayoteros a través de un periódico nacional y no de la misma presidencia de la República -como lo había señalado el presidente en su momento- dejan muy mal parado al Ejecutivo Federal quien de nueva cuenta se desdice de su palabra empeñada, quizá por temor a represalias, quizá por un compromiso tácito con ciertos medios de comunicación no fifís, así como también a aquellos comunicólogos, opinologos y demás profesionales de la prensa que han hecho mutis ante semejante noticia.
Más allá de todo lo anterior es de festejar que los nuevos tiempos políticos abran las cajas de pandora que por mucho tiempo permanecieron herméticas y que sirvieron para enriquecer con dinero público tanto a funcionarios de la comunicación como a los propios medios que se prestaron para tal fin. Ojalá esos tiempos acaben y demos paso a una nueva forma de hacer comunicación.
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