CIRO CASTILLO
Es cierto que todos los expresidentes de México tienen “vela en el entierro”. De no ser por sus gobiernos el país no estaría como está.
No se necesita ser un experto ni un analista para comprender que sus administraciones fallaron.
Los indicadores de pobreza, los niveles de desigualdad, los problemas educativos, en salud y la inseguridad rampante no mejoraron.
Ni el PRI, ni el PAN, ni luego el PRI, lograron sacar adelante a una nación donde la concentración de riqueza en unos cuantos sigue siendo un lastre y donde no existe un proyecto de país a largo plazo.
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, todos tienen cola que les pisen.
Por supuesto que, si revisáramos con detenimiento, cada uno cometió errores, dejó que la corrupción siguiera pululando y no encontró la estrategia para hacer que la inseguridad se contuviera.
¿Juzgarlos? Por supuesto que todos quisiéramos que se les juzgue, y no porque haya llegado la Cuarta Transformación, sino desde antes.
¿Sentarles en el banquillo de los acusados? Claro. ¿Pero para ello es necesario llevar a cabo una consulta popular…?
PROMOTORES Y OPOSITORES
Algunos opositores a la consulta popular han expresado que los 500 millones de pesos que se utilizarán son un gasto innecesario. Que mejor se debieran usar para otra cosa; para comprar medicinas, por ejemplo.
Pero en realidad esa cifra no es el fondo del asunto. Gastarse 500 millones de pesos es como quitarle un pelo al presupuesto del INE, organismo encargado de organizar ese ejercicio que se llevará a cabo el primero de agosto, por cierto, con una pregunta muy confusa.
El fondo consiste en preguntarse: ¿de veras hay que preguntarle a la gente si quiere que se juzgue a los expresidentes u otros exfuncionarios?
Si son tan culpables como dicen los defensores de la consulta, entonces para qué preguntar.
¿No esa tarea corresponde a las instancias del Poder Ejecutivo que investigan el ejercicio de los recursos? ¿No es un asunto que debiera investigar la Fiscalía de la República? Porque, además, puede ser que delitos cometidos por exfuncionarios o expresidentes hayan prescrito.
¿O se trata solamente de exhibirles y quitarles esa “pulcritud” con que se retiraban los expresidentes que, dicho sea de paso, se quedaban calladitos una vez que terminaban su gestión?
Entendemos la estrategia del Presidente de México respecto a mediatizar el tema; sin embargo, entonces que se diga la verdad.
Además, ¿la consulta popular no lleva ya las de perder cuando el propio AMLO ha dicho que él votará en contra?
Esperemos que, al final de cuentas, la llamada consulta que, ya se promueve en colonias populares y sitios públicos con pequeñas lonas en los que se exhibe a los expresidentes con una “cinta negra” en el rostro, no quede en un mero show mediático porque, como dice el mismo López Obrador, la gente no es tonta…
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