EDG INFO
Tras el desalojo de este martes por la tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) aseguró que hizo valer el Estado de Derecho, liberó la vía que permanecía obstruida por manifestantes y recuperó el edificio de la Torre Chiapas que estaba tomado.
Durante el operativo se detuvo a nueve personas, mismas que fueron remitidas ante la autoridad competente.
Atendiendo a la orden de restablecer el libre tránsito, elementos de la SSyPC, en coordinación con la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, desalojaron a un grupo de manifestantes que este martes cerró el paso sobre el libramiento Norte y bulevar Andrés Serra Rojas de Tuxtla Gutiérrez, afectando la circulación vehicular y las actividades cotidianas de las y los capitalinos, quienes clamaron porque se aplicara la ley.
También se recuperó el edificio de la Torre Chiapas que desde temprana hora fue tomado por presuntos normalistas y trabajadores de Telebachillerato Comunitario.
Los elementos antimotines de la SSyPC desplegaron el operativo que se realizó bajo los protocolos de desalojo que marca la ley. Es decir, se procedió en acato a una autoridad jurisdiccional competente. Antes, se agotaron los medios de conciliación necesarios para evitar esta acción. Ningún elemento portaba armas de fuego ni gases tóxicos.
Cabe resaltar que, con base en la ley, se castiga con prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes.
Con base en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113 y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se leyó los derechos y se aplicó el control preventivo de detención a ocho hombres y una mujer. Los imputados se encuentran bajo la jurisdicción del Fiscal del Ministerio Público, quien determinará en el plazo constitucional su situación jurídica.
El artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga el derecho a reunirse y protestar de manera pacífica, siempre que no sea de manera violenta y que no se afecten los derechos de terceros; en este caso se violentó el derecho de terceras personas a transitar libremente.
“La ciudadanía vio con buenos ojos la aplicación de la ley, pues en menos de 24 horas presuntos normalistas vandalizaron la Secretaría de Educación y la Auditoría Superior del Estado”, indicó la SSyPC.
