Sr. López
Otra vez no hay lugar para la chunga. El candidato a la presidencia del Ecuador, Fernando Villavicencio Valencia, fue asesinado a balazos, en Quito, el lunes pasado.
Una semana antes, había denunciado públicamente: “Hay una gravísima amenaza de uno de los capos del Cártel de Sinaloa, me refiero a alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia de que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida”.
Conforme a información oficial del 2017, de la entonces PGR, el Cartel de Sinaloa operaba en 17 estados de México y en al menos 50 países, incluido el Ecuador (así se dice, ‘el’ Ecuador o ‘del’ Ecuador, cosas del uso y la Constitución de ese país, ni modo).
El Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera de ayer, condenó el crimen y expresó a la familia del sacrificado y a su país, sus condolencias, pero ante la pregunta de los reporteros sobre si su gobierno tiene información que arroje indicios de que el crimen fue cometido por el narco mexicano, respondió:
“No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos (…) hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, no culpar a la ligera a nadie (…) me llama la atención de que de inmediato empiezan a repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria, poco responsable en autoridades y medios de información (…) hay que esperar y actuar con prudencia y con responsabilidad”.
No solo el asesinado Villavicencio denunció las amenazas de ese capo del Cartel de Sinaloa en Ecuador, sino que antes ya había declarado: “Si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a Los Choneros me van a quebrar”. Le recomiendo este video https://youtu.be/x1CjuAb4gpI.
Aparte, el presidente del Ecuador Guillermo Lasso, el mismo día del asesinato escribió en tuiter (X): “El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley”.
En Ecuador están en un baño de sangre y una crisis de inseguridad grave. En julio de este año, la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional ecuatoriana presentó un informe señalando que en el país operan tres grandes grupos: los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y la mafia de los Balcanes, liderada por albaneses.
El Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, se han asociado con criminales de ese país. La prensa ecuatoriana informa insistentemente, que la banda ecuatoriana de narcos, Los Choneros, que opera desde la década de los 90, ahora está al servicio del Cartel de Sinaloa y que sostienen enfrentamientos sangrientos con los grupos asociados al Cartel Jalisco Nueva Generación; y ambos carteles controlan las prisiones del país.
Y lo único que no se podía decir lo dijo nuestro Presidente: que no hay elementos, cuando sí los hay y sobrados; que se culpa a la ligera, cuando el hoy asesinado lo declaró repetidamente; que las autoridades de Ecuador, reparten culpas de manera poco responsable, cuando son las que tienen la información sobre lo que sucede en su país y no desde Palacio nuestro Presidente.
Es lamentable confirmar una y otra vez que el Presidente está solo, que no lo asesoran o peor, que no presta atención a quienes lo intentan. En vez de aparecer como queriendo diluir la posible responsabilidad de unos criminales, bien pudo responder simplemente que no le corresponde emitir opinión sobre un asunto criminal que se investiga en otro país. Y ya.
Pero esperemos que lo sucedido en Ecuador haga reflexionar y actuar a nuestras autoridades. No es vaticinio, es nuestra realidad: en las campañas políticas en curso (con el subterfugio que tirios y troyanos, las quieran nombrar para evadir la ley), habrá asesinatos y cuando menos se debe asegurar absolutamente, que no sean de ningún candidato a la presidencia de la república.
Tampoco es alarmismo: el pasado proceso electoral 2020-2021, fue el más violento desde el año 2000. De acuerdo con la Base de Datos de Noria-MXAC desde septiembre de 2020 -inicio del periodo electoral-, al 6 de junio -día de los comicios-, se registraron 258 incidentes de violencia contra políticos y candidatos. De esos incidentes, 142 fueron amenazas, ataques, secuestros, retenciones, atentados y renuncias forzadas de candidatos con un total de 101 homicidios de los que 36 eran candidatos.
El 21 de junio de ese 2021, Michelle Bachelet, alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en su discurso inaugural de la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, se dijo “alarmada por el alto nivel de violencia política en el contexto electoral de las recientes elecciones mexicanas”.
No podemos resignarnos a que habrá tragedias en el proceso electoral 2023-2024, pero las habrá y lo mínimo que debe suceder es que el gobierno federal asuma la responsabilidad de proteger, blindar, a cuando menos los candidatos a la presidencia de la república, quieran o no quieran.
Ya de salida. Ayer anunció el Coneval, con pitos y flautas, que en su medición del 2020 a 2022, el número de personas en pobreza disminuyó 8.9 millones, del 43.9% a 36.3% de la población (7.6% menos pobres). Según eso, ahora hay solo 46.8 millones en condiciones de pobreza.
Lástima que Coneval dice que está en pobreza quien padezca una carencia social (sin acceso a los derechos de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación).
Y el mismo Coneval informa que en esa medición, la población que carece de acceso a servicios de salud, subió del 28.2%, en el año 2020, al 39.1% en 2022, o sea, sin recurrir a los libros de texto gratuitos de don Marx, la pobreza subió el 10.9% (que es más que el supuesto 7.6% de disminución). Pero añade que “gran porcentaje de la población” no identifica a dónde acudir para recibir servicios de salud pública… ¿gran porcentaje?… ¡vaya!
Como en Palacio han de estar preparando la celebración de la gran noticia, sí, 10.9 es menos que 7.6… no seamos aguafiestas.
