Sr. López
No era poblano tío Toño pero siempre iban de vacaciones a Puebla. Tenía cinco hijos varones, ya adolescentes, y todos incluida tía Cata, su esposa, ya odiaban las vacaciones y Puebla. La tía se puso en campaña para convencer al tío de poner a votación el destino de las próximas vacaciones; a regañadientes, tío Toño finalmente aceptó, dándoles a elegir entre Pachuca (¡Pachuca!) y Puebla. La votación fue unánime: Acapulco. Tío Toño dijo: -¡Se acabó la democracia! –fueron a Puebla.
Sin contar este 8 de noviembre, quedan seis meses y 25 días para reformar (deformar), nuestras leyes electorales (tiempo sobrado para cualquier desaguisado, visto que de repente aparecen iniciativas raras en el Congreso y nuestros tribunos se ponen a trabajar a marchas forzadas… a dedo forzado).
El domingo 2 de junio de 2024, se celebrarán las elecciones de Presidente de la república; nueve gobernadores; 128 senadores y 500 diputados federales; 31 congresos locales; 1,580 ayuntamientos; todas las 16 alcaldías de la CdMx; y 24 Juntas municipales. Gordo asunto.
El gobierno federal (léase, el Presidente), está decidido a que las elecciones del 2024 se hagan con nuevas reglas, con un instituto electoral menos levantisco (léase, que no sea autónomo, ciudadano ni máxima autoridad electoral); y un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, Trife, más fácil), más a modo, que hoy es una sala especial de la Suprema Corte y tiene la última palabra en todo lo electoral. Para eso se tiene que conseguir que las modificaciones constitucionales o de leyes secundarias, estén aprobadas a más tardar el 2 de junio de 2023.
Lo anterior porque la Constitución en el artículo 105, fracción II, inciso i), tercer párrafo, manda que: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
Y el proceso electoral 2024 inicia formalmente en septiembre del próximo año, 2023, como ordena la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Federal, artículo 225: “1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la elección (…)”.
Así que, como las leyes electorales no se pueden modificar sino 90 días antes o más, no se podría aplicar en 2024 nada que no esté modificado a más tardar a las doce de la noche del domingo 2 de junio de 2023 (sume usted 28 días de junio, 31 de julio y 31 de agosto; igual a 90).
Aparte de todo, conviene que tenga usted presente, muy presente, que en febrero próximo termina el periodo de cuatro consejeros electorales (incluido el incomodísimo Consejero Presidente, Lorenzo Córdova).
Hasta hoy, los consejeros del INE son electos por la Cámara de Diputados por votación calificada (dos tercios de los presentes), de entre los prospectos aprobados por la Junta de Coordinación Política de la misma Cámara; si no hay manera de que no se pongan de acuerdo los diputados, se hace por insaculación (meten en una bolsa los nombres, se revuelven y los sacan al azar… democracia de merenguero, a ‘volados’); si ni así se logra que la Cámara de Diputados apruebe los nombramientos, entonces se repite la insaculación, pero esta vez, en la Suprema Corte y se acabó el cuento. Por su lado, los magistrados del Trife, son elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No son enchiladas.
Sabiendo el Presidente de la república que no tiene dos tercios de votos, quiere cambiar el nombramiento de los consejeros, para que se haga por elección popular, en la que el electorado tenochca votará por los candidatos que le pongan en una lista (¡qué buena idea!, aunque en ninguna parte del mundo se haga así, precisamente por lo delicado del tema y porque la gente no tiene por qué saber de eso; en fin). Por cierto ¿harían campaña nacional los candidatos al INE y el Trife?… ¿o cómo?, porque eso cuesta y cuesta mucho (dicen los que saben que 8 mil millones de pesos).
Como sea. Sabiendo que el Presidente no tiene la mayoría calificada en el Congreso, para modificar al INE que está bien definido en el artículo 41, fracción V, Apartado A, de la Constitución, no deberíamos estar preocupados, no puede meterle mano puesto que no tiene votos suficientes para cambiar la Constitución.
¿Entonces por qué estamos preocupados?, porque el PRI bien puede salir con otra vacilada como hizo con la Guardia Nacional y sin cambiar la Constitución, sacar leyes secundarias que trastoquen INE y Trife, a contrapelo de ella con la mayoría simple (la mitad más uno), que sí tiene el Presidente junto con sus partiditos rémora, el Verde y el Partido del Trabajo. Por supuesto eso iría a la Suprema Corte, pero es tan admirablemente lenta en cosas que interesan al Presidente, que son capaces de llevarnos hasta junio de 2024 en la ilegalidad. Total, otra pinta al tigre.
Aunque hagan la trampa de hacer leyes secundarias al gusto del inquilino de Palacio, no podrán cambiar al propio INE ni el proceso de nombramiento de los consejeros el INE ni los magistrados del Trife… ¡vaya!, ¿de qué se trata?, nadie entiende, parece asunto perdido para el Presidente, a menos de que esté abonando desde ahora, reclamar fraude electoral si en 2024 su partido y su corcholata designada, pierden las elecciones. Si este fuera el caso, no le va a salir: el prestigio del INE es sólido y la raza confía en él.
Como sea, INE, Trife y democracia electoral, están en manos de los legisladores de oposición. Las marchas de protesta convocadas para el domingo 13 de este mes, más deben dirigirse a ellos, que al Presidente, quien no ha escondido sus intenciones, no solo cuando mandó al diablo las instituciones sino en cada ocasión en que desacredita al INE.
Señores legisladores, en sus manos está quedar en la historia como los aquellos que por miedo prefirieron validar a Huerta.
