Se suma el Frayba a petición de justicia por Caso Hogar Seguro, en Guatemala

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EDG INFO

Desde Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas se sumó a la petición de justicia de diversas organizaciones de América Latina y el mundo, por el caso Hogar Seguro en Guatemala, donde han comenzado las audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad de tres altos funcionarios.

El pronunciamiento especifica que fueron 56 niños víctimas, ya que el 8 de marzo de 2017, 41 menores y adolescentes perdieron la vida calcinados y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en el municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala.

“Eso fue la consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables”, dice el pronunciamiento.

La preocupación de todas las organizaciones es que el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, ha informado que el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos.

El Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).

El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).

En consecuencia, las organizaciones firmantes instan a las autoridades competentes de Guatemala a: “Garantizar la integridad personal y la seguridad de las víctimas, testigos y familiares ante amenazas, actos de hostigamiento, intimidación y difamación. Aplicar los estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones de organismos internacionales especializados”.

(Información de Félix Camas)

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