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Eduardo Ramírez, senador por Chiapas, dijo que eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa es un riesgo que puede afectar los procesos judiciales y perjudicar directamente al pueblo mexicano, ya que agregó “no es el momento político ni social para abordar el tema”.
Eduardo Ramírez lanzó un llamado general a priorizar la protección del pueblo mexicano en cada decisión, pues si bien en estricto apego a derecho la presunción de inocencia es un derecho indiscutible, le decisión de quitar la prisión preventiva puede ser la salida de muchos delincuentes que hacen una vida de atropellos y de excesos y que siempre ponen en la mira a quienes menos tienen.
El también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, recordó el esfuerzo legislativo que en el 2019 se hizo para ampliar el catálogo de delitos graves y que directamente combaten la inseguridad que vive México, y que la misma reforma propone un plazo para volver a revisar su función, el cual no ha fenecido y el origen de la misma aún está vigente.
Al externar su respeto absoluto al Poder Judicial y a la división de poderes, Eduardo Ramírez sugirió a los ministros de la Suprema Corte a esperar los tiempos que están marcados en la misma Ley, y a actuar de acuerdo con la realidad que vive el País, pues comentó que su aplicación es una herramienta en el combate a la delincuencia organizada y eliminarla deja vulnerable a la ciudadanía.
Finalmente, Eduardo Ramírez consideró que es importante que los tres poderes trabajen por el bienestar del pueblo de México, y así como la reforma del 2019 dio nuevas herramientas en el combate a los delitos que más aquejan a la ciudadanía, eliminarlos en éste momento generará un vacío legal, ya que por un lado se considerará fuera de toda legislación, pero sin que exista una Ley que la sustituya, por lo que dijo, se puede trabajar de manera conjunta en revisar que no se abuse de la prisión preventiva para que atienda de manera adecuada los problemas que dieron origen a ésta medida legal.
