Sr. López
Tío Macro, tuvo nueve hijas y un hijo varón. En su rancho, Autlán y la región, su palabra era ley, en su casa también. Ya casi adultos todos los críos, tía Tinita, su esposa, lo estuvo muele y muele para que los asuntos de la familia los decidiera con la opinión de la mayoría, hasta que su macizo marido dijo que sí, pero que nada más opinaban los hombres. Fin del tema.
Sí, en México gana las elecciones el que junta más votos. Sí, los votos se cuentan bien. Podemos estar tranquilos… ¿qué?… ¿podemos estar tranquilos?… ¡no!
Los fraudes electorales a la vieja usanza ya no se hacen ni se pueden hacer. Los comicios se organizan mucho muy bien y por ciudadanos. Del inicio de un proceso electoral a la proclamación del ganador, el gobierno completo es espectador.
Pero hay otras maneras de hacer trampa, no robando urnas ni falseando actas de casilla, sino por ejemplo, con ilícitas carretadas de dinero para comprometer el voto de comunidades enteras o amenazando con retirarles el presupuesto si no gana quien se les indica; entre otras muchas acciones que violan la ley, como descaradas campañas ilegales en las que se gastan cantidades siderales de dinero público, creando liderazgos artificiales.
Los grupos de poder influyen cuanto pueden en las elecciones, unos legalmente, otros de manera ilícita. De grandes sindicatos a iglesias, de inversionistas a asociaciones civiles, todos cuidan de sus intereses y respaldan a los candidatos de su preferencia. Pero hay otra cosa de la que debemos preocuparnos: la delincuencia organizada.
La influencia de las bandas de la delincuencia organizada, es un nuevo (ni tanto) ingrediente corrosivo en nuestros procesos electorales, y actúan de manera similar a como lo hace la clase empresarial: apoyan con financiamiento a todos los candidatos. Una veladora para cada santito y gane quien gane, está comprometido con los capos. Sin dejar de mencionar que también recurren a amenazar candidatos y si hace falta, los asesinan.
Sí, todo se nos olvida pero en las campañas del 2018, del inicio del proceso electoral, el 8 de septiembre de 2017 a su término, el 31 de agosto de 2018, fueron asesinadas 145 personas relacionadas con las campañas, entre ellas, 17 candidatos. Y en los comicios del 2021, fue más grave: 935 agresiones amenazas y secuestros de políticos y activistas, que incluyen 198 asesinatos: 79 políticos (28 de ellos, candidatos a cargos de elección), 28 familiares de políticos y 91 servidores públicos. No es posibilidad, es realidad.
Ya pasadas las elecciones del 2021, la edición de Proceso del 17 de junio de ese año, reportó: “En las elecciones del pasado 6 de junio, la ‘injerencia’ del crimen organizado en las campañas electorales ‘mostró un aumento en relación con la pasada elección al pasar de 28 a 42%’, afirman las asociaciones de observación electoral que participaron en los comicios, en un informe presentado hoy jueves”.
Y esas asociaciones de observación electoral, son del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021 (FAOE), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que realiza su trabajo en México desde 1994 a petición de nuestras autoridades electorales, en 2021, del INE, el Tribunal Electoral (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). No es información de un ‘yutubero’ exaltado ni de un enemigo de la 4T.
Téngalo presente, la injerencia del crimen organizado en las elecciones del 2021, según la ONU, creció al 42%, porcentaje suficiente para determinar resultados, pero, no se alarme de más: hasta el momento la delincuencia organizada se mete en elecciones de ayuntamientos, para controlar a las policías de las localidades y también para acaparar el ejercicio del presupuesto de obras de los municipios; algo en congresos locales, a petición de parientes, parejas y amigos; algunos legisladores federales y muy pocos gobernadores, muy pocos. Pero aprenden rápido y tienen, aparte de una carencia total de escrúpulos morales, recursos económicos sobrados para ampliar su esfera de influencia a estamentos superiores del gobierno.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda, presentó en septiembre del 2021, el mapa actualizado de la presencia del crimen organizado en México. Conforme a este informe de la UIF, el crimen organizado tiene diversos niveles de penetración y control territorial en 15 estados (47% del total): Baja California, Baja California Sur, Colima, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y la Ciudad de México, aunque en la capital nacional no hay dominio hegemónico de ningún grupo.
La cosa es seria aún y cuando la delincuencia todavía esté muy lejos de poder incidir directamente en una elección presidencial, aunque se sabe que usan a algunos empresarios para financiar (ilegalmente) partidos y campañas, y obtener influencia y contratos que necesitan para lavar dinero, no se crea que para completar el gasto. . , ,.,
Esto se tiene que parar ya. Si no se actúa con sentido de urgencia, al rato vamos a estar como Italia, con dos siglos batallando con la mafia sin poder vencerla, mientras los de La Cosa Nostra, diversifican negocios y ganan influencia en la política nacional. Recuerde a Giulio Andreotti, tres veces Primer Ministro de Italia, que acabó procesado y encontrado culpable de “participación en la asociación delictiva Cosa Nostra”, y si no fue a la cárcel fue por prescripción del delito durante su juicio. Pero el asunto llevó a la disolución en 1994 del muy poderoso partido Democracia Cristiana, el que mangoneaba Andreotti.
Por cierto, la delincuencia organizada en las grandes ciudades no tiene peso electoral. Según el Inegi, en el país, al Censo de 2010, cerca del 79% de la población era urbana. La conclusión, otra vez, es salir a votar, que el voto masivo es invulnerable, y que la clase media urbana ya entienda que por el bien del país hay que quitarse de cuentos.
