Sr. López
Allá por los años 80 del siglo pasado, el primo Danielito, único ser humano en la historia de nuestra especie, con cerebro de camarón, heredó de su papá un Chevrolet 47 que tenía 30 años estacionado frente a casa de sus papás, deshaciéndose de viejo. Para sorpresa general, en una tertulia de comida dominical, Danielito dijo que ya había empezado a “arreglarlo”. Uno de los tíos ahí presentes dijo que acaba de ver el coche igual que siempre y Danielito explicó: -Ya le cambié el radio y le voy a poner bocinas nuevas… ahí poco a poco -miradas divertidas; nadie dijo nada.
Ayer, la Suprema Corte, al anular la primera parte del Plan B electoral del Presidente, ratificó que México está lejos del riesgo de caer en un régimen totalitario o en una autocracia.
No es exageración, el totalitarismo es el régimen en que el estado (el gobierno), ejerce un poder total, sin divisiones ni contrapesos; vale añadir que el término se acuñó en Europa cuando el fascismo y el nazismo. Y la autocracia define el gobierno absoluto de una sola persona.
Es interesante reflexionar en que totalitarismo y autocracia pueden coincidir en un mismo gobierno, cuando este pretende bajo el mando de una sola persona, autocrática, el control de toda la vida política y la administración pública, neutralizando los otros poderes, la prensa libre y las organizaciones de la sociedad civil.
Con un mínimo de seriedad, no se puede negar que el actual gobierno nacional en México, tiene ambas tentaciones, la del totalitarismo y la autocracia concentrados en un autoritarismo que no admite críticas ni opositores, tal vez por una equivocada nostalgia del régimen del priismo imperial en el que parecía que los presidentes de la república eran omnipotentes y no lo eran, lo parecían porque lo que ordenaban había sido previamente, acordado, validado, por los factores reales del poder: los sectores del partidazo, los líderes con peso político propio y hasta organizaciones ajenas al aparato oficial pero con suficiente fuerza para oponerse y revolver la vida pública del país. Como sea, “pulsaban” la situación y no se arriesgaban a meter su gobierno en turbulencias. Ordenaban al amanecer, la salida del Sol y al anochecer, su puesta.
Los morenistas no pueden negar esa tentación autoritaria cuando el Presidente de la república ordena públicamente al Congreso que le apruebe iniciativas sin moverles una coma, ataca ferozmente a la prensa crítica y acomete con saña a la Suprema Corte por las sentencias que emite, contrarias a su voluntad.
Y a mayor abundamiento, menos pueden negar esa querencia por el autoritarismo cuando el Presidente, nuestro Presidente, defiende a capa y espada a Pedro Castillo quien fue destituido de la presidencia del Perú, por intentar el 7 de diciembre de 2022, un autogolpe de Estado, anunciando en un discurso televisado la disolución del Congreso y que gobernaría por decreto. Destitución hecha por el Congreso de su país conforme a las leyes de su país. Nada de que fue derrocado, señor Presidente, intentó eliminar al Poder Legislativo y eso no son bromas.
Uno de los problemas del autoritarismo es que quien ejerce el poder sobrevive en el intento solo si es infalible, sí, porque gobiernan sin escuchar nunca ninguna opinión contraria a la propia de ellos, se rodean de subordinados obsequiosos que con alborozo están siempre de acuerdo en todo lo que diga su líder, así sea una reverenda estupidez, porque nadie es infalible. Y entonces los gobernantes de ese estilo van como equilibristas sin red de protección… y la política es usualmente tempestuosa. Mal asunto.
Ayer mismo, ante el chasco de la primera parte de su Plan B, los seguidores del Presidente que forman parte de la estructura de gobierno, se lanzaron a criticar a la Suprema Corte, manifestando, una de dos: o su ignorancia sobre el marco legal al que está sujeto el Legislativo… o una sumisión a ultranza: no vaya el Presidente a pensar que se equivocó, no, él no se equivoca, es la Suprema Corte la que actuó con “incongruencia y miopía jurídica” (diputado Ignacio Mier); la decisión es un “tremendo retroceso democrático” (senadora Bertha Caraveo); “fuera intereses corruptos que invaden la SCJN” (gobernador de Veracruz Cuitláhuac García); “Vergonzoso papel de la @SCJN. ¿Y la voluntad del pueblo expresada en darnos el voto a legisladores y con ello la mayoría legislativa a un proyecto político?” (senadora Citlalli Hernández).
El señor Secretario de Gobernación, muy en su papel de corcholata puso un tuit inolvidable: “El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares (…)”.
Y tiene razón don Adán Augusto; la Corte protegió intereses de particulares que eso somos, 130 millones de particulares a los que defiende la Corte de los excesos, abusos, atropellos o pifias del poder.
El Congreso sí está para legislar pero legislar en serio, no votando iniciativas que no ha leído, que esa es la esencia de lo que sentenció la Corte: la Constitución dice clarito (artículo 72) que todo proyecto de ley o decreto se debe discutir “observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones”. Por eso, cuando en el Congreso se votan iniciativas al bulto, sin leerlas, no valen, faltaba más.
Por cierto, el artículo 105 de la Constitución, faculta a la Corte para hacer lo que hizo, invalidar adefesios. Punto. Y para lo que viene ya sabemos que pasará lo mismo. Se llama democracia. Se llama legalidad. El voto automático de una mayoría de legisladores que no conozcan ni se enteren de los términos de las iniciativas, no vale.
Si quieren de veras validar el manifiesto deseo autoritario del gobierno de turno e instalar una autocracia, andan con chiquitas, haciendo cosmética en lugar de cirugía mayor: que propongan al Congreso leyes secundarias que desaparezcan el Poder Judicial, el ejército los apoyaría… seguro. Y que arda Troya.
