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La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chiapas, obtuvo de un Juez de control, vinculación a proceso en contra de dos personas, que fueron detenidas por transportar a 13 migrantes y asegurarles una arma de fuego.
Dicha vinculación se obtuvo por la probable comisión del delito contra la Ley de Migración en su modalidad de trasporte de personas migrantes, con el objeto de obtener un lucro indebido, con la agravante de menores de edad, en contra de Leidi “R” y Pedrito “G”, a quien también se le vinculó por portación de arma de fuego sin licencia de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hoy imputados fueron detenidos, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la altura de un entronque carretero, en el municipio de Frontera Hidalgo, Chiapas.
Al hacer la revisión correspondiente a un vehículo que era conducido por Pedrito “G”, los elementos aprehensores encontraron dentro de una bolsa un arma de fuego tipo pistola calibre 9x19mm con cargador y cartuchos útiles, además de más de 60 mil pesos y 342 dólares.
Al continuar con la revisión, los elementos de la PFM observaron que dentro del vehículo había personas amontonadas en los asientos traseros y quienes al ser entrevistados dijeron ser de nacionalidad venezolana y que se dirigían a Tapachula; además, que les habían cobrado 500 dólares a cada uno. Al solicitarles sus documentos para transitar de manera legal por el país, mencionaron que no contaban con ellos.
Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó los datos de pruebas suficientes al Juez de la causa, quien decretó como legal la detención y resolvió vincular a proceso a los imputados; además, impuso como medida cautelar prisión preventiva para Pedrito “G”, quien fue vinculado por dos delitos, en tanto que Leidi “R” deberá presentarse de manera mensual a las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula. Se fijó un plazo de dos meses de investigación complementaria.
