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El Poder Judicial de Chiapas, mediante el Instituto de Defensoría Pública logró la recuperación y entrega de un infante de nueve meses de nacido a su madre, garantizando además un acuerdo entre los padres para salvaguardar la integridad y los derechos del menor.
Como parte de las acciones que implementa el Poder Judicial del Estado a través del Consejo de la Judicatura, durante el periodo de contingencia sanitaria a favor de los justiciables, se encuentran los acuerdos generales 03/2020,04/2020 y 05/2020, los cuales entre otras cosas, instan a los órganos jurisdiccionales de la entidad a brindar atención inmediata con carácter de urgente a todos aquellos asuntos que involucren derechos de niñas, niños y adolescentes.
El director del Instituto de Defensoría Pública, Albero Selvas explicó que se realizó un trabajo coordinado por la Unidad Técnica para la Atención a los Derechos de Mujerque de manera gratuita dio acompañamiento a la demanda de Catalina “N” ante el Juzgado Primero Familiar de Tuxtla Gutiérrez, obteniéndose la medida provisional de la guarda y custodia del menor de edad de nueves meses de nacido.
En atención a los protocolos de contención ante el Covid-19 y salvaguardando los derechos del infante como de ambos progenitores fue entregada la notificación para el demandado y padre del menor, requiriéndole la entrega a favor de su progenitora.
Esta acción fue atendida por el padre del infante que entregó el fin de semana al infante de nueves meses de nacimiento a su madre, además de concretarse un acuerdo armonioso entre ambas partes del juicio con objeto de garantizar la integridad física del bebé así como su derecho de alimentación.
El Poder Judicial ratifica su compromiso de atender y proteger a los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes como un interés superior, atendiendo además los acuerdos emanados del Consejo de la Judicatura que atienden estos casos como un acto de suma relevancia en el marco de las garantías del acceso a la justicia para todas y todos los chiapanecos.
Resulta fundamental el trabajo que realizan las juezas y jueces en materia familiar, quienes a través de los acuerdos que son emitidos atendiendo a cada caso en particular, conceden las medidas de protección y recuperación de manera inmediata, con el objeto de materializar el derecho a una vida digna, libre de violencia acorde a lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
