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San Cristóbal de Las Casas.- Ante el COVID-19, organizaciones sociales, mediante el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, pidieron a las autoridades atender a la población migrante, personas en situación de calle y los trabajadores con mayor vulnerabilidad al contagio, para que tengan un diagnóstico oportuno y acceso al tratamiento.
“En el caso de pueblos originarios y reconociendo las estrategias históricas de salud comunitaria, respetar plenamente el ejercicio de su derecho a la autonomía y a sus propios modelos de atención a la salud en sus territorios; así como difundir de manera amplia las medidas estatales de atención y acompañamiento para niñas, niños y mujeres que vivan violencia intrafamiliar. Que la atención sea de fácil acceso y con enfoque de derechos humanos”, dijeron.
Exhortan a reconocer la complejidad de la movilidad humana en Chiapas por ser estado de origen, tránsito, destino y retorno.
“Garantizar condiciones apropiadas para los y las trabajadoras de la salud en todos los niveles. Abasto de insumos, equipo y capacitación suficientes para el fortalecimiento de servicios de salud de primer nivel para la atención, incluyendo el reforzamiento de los espacios de atención y colaboración horizontal con agentes comunitarios de salud: parteras, promotores/as, médicas/os y pasantes”.
Las organizaciones sociales y civiles aseguran que es necesario generar planes económicos oportunos, sin condicionamiento alguno, para acompañar de forma digna a las familias que no cuentan con salarios y trabajos asegurados. Vigilar y asegurarse para que estos subsidios no se conviertan en objeto de clientela y corrupción.
Pidieron también que el proceso de reconversión hospitalaria, sea transparente a nivel estatal y distrital con promoción y difusión clara y precisa de la ruta crítica de atención urbana, y de cobertura rural, y sin descuidar la atención hospitalaria y consulta externa a pacientes con COVID 19.
“Pedimos que bajo ninguna circunstancia se apliquen medidas de fuerza desde los cuerpos policiacos y militares para efectos de contención de la población que puedan incurrir en acciones ilegales y violaciones a los derechos humanos de las personas.”
(Con información de Félix Camas)
