Los árbitros electorales y la credibilidad

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La selección de concejeros electorales a modo, ¿una estrategia política, con miras de continuidad?

EDUARDO GRAJALES

El Instituto de Elecciones de Chiapas (IEPC) y el Instituto Nacional Electoral (INE) tenían en la reciente elección de consejeros electorales un compromiso con la legitimidad y la transparencia en sus procesos internos, que devolviera a los chiapanecos la confianza perdida en esas figuras el pasado 2016, cuando casi la totalidad de ellos fueron removidos por cometer irregularidades durante el proceso electoral de ese año.

Sin embargo, ambas instituciones no solo desaprovecharon la oportunidad, sino que volvieron a hacer de las suyas, aunque esta ocasión de una manera evidente.

Y es que dentro de los nuevos nombramientos de los consejeros electorales existe uno que llama especialmente la atención, por un tema de conflicto de intereses donde la mano del actual consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, podría haber intervenido para su beneficio.

Se trata de la nueva concejera electoral, Sofía Martínez de Castro, quien durante varios años fungió como secretaría particular de Chacón Rojas y hace días recibió su nombramiento ni más ni menos que con el aval del concejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, para ocupar el cargo en los próximos siete años, coincidentes con la próxima salida de su ex jefe y ahora homologo, el actual concejero presidente.

Este movimiento políticamente estratégico que le permitiría a Martínez de Castro sustituir llegado el momento a Chacón, tiene en sus entretelones una serie de acciones que resulta extraño hayan pasado desapercibidas por las autoridades electorales federales, responsables de hacer la selección de los nuevos integrantes del máximo organismo electoral en la entidad, y en el que contrario a lo que esta sucediendo no debía quedar lugar a dudas de que este fue legítimo, transparente y confiable.

Las preguntas obligadas en este sentido son ¿Acaso el INE desconocía la trayectoria laboral de Sofía Martínez y su íntima cercanía con Chacón Rojas, con quien laboró desde que este llegó al IEPC para ocupar su titularidad hace tres años? ¿Desconocía Córdova Vianello que la recién nombrada concejera fue parte del diseño y promoción de la Convocatoria para la selección de concejeros el pasado mes de noviembre, cuando hasta entonces fungía como coordinadora de Capacitación?

Y quizá la más importante ¿Porque dentro de la convocatoria se omitió un requisito elemental para los aspirantes, como lo es el no haber laborado recientemente en el Instituto de Elecciones?

Las respuestas a estas y otras interrogantes las deberá de dar la máxima autoridad electoral y su vocalía en la entidad, quien fue la responsable del proceso y receptora de los documentos de los aspirantes en los que se expone su trayectoria.

Caso fortuito o con plena fe de causa, lo cierto es que la selección de los nuevos concejeros arrastra con este nombramiento una estela de desconfianza en la ciudadanía que poco abona a la credibilidad de la máxima autoridad en Chiapas y México, y más aún cuando sus antecedentes de la forma en la que operan no son nada convincentes con la misión que propugnan.

Hace apenas unos años, en 2016, la primera camada de concejeros electorales que surgió de la más reciente reforma electoral, fueron removidos casi en su totalidad por su comprobada intervención dentro del proceso electoral en el que de manera burda y vergonzosa influyeron en las decisiones que competen exclusivamente a las y los chiapanecos.

El escandalo causado por este hecho y que fue resuelto por el Supremo Tribunal Electoral Federal ocasionó que el IEPC y el INE quedaran marcados por la falta de probidad de sus funcionarios y lo endeble de sus mecanismos internos de selección, pues muchos de los ex concejeros relacionados entonces con el ex gobernador Manuel Velasco, fueron objeto de sanciones administrativas graves que incluso causaron la detención de algunos, derivado de expedientes que incluso siguen abiertos.

No obstante y para ese mismo año, la llegada de Chacón como concejero presidente del IEPC, un prestigiado académico especializado en el tema electoral pero con un linaje político que lo remite a las filas del ex gobernador Pablo Salazar, logró sacar el barco a flote a través de un impulso a la agenda pública del organismo, mediante una buena organización del pasado proceso electoral así como de la realización de cursos de profesionalización, debates juveniles y foros académicos, que hasta ahora continúan con gran éxito y en el que siempre estuvo presente la figura de Martínez de Castro, ora tomándole fotos, ora organizando las actividades para que estas lucieran a cabalidad.

Lo anterior puede constatarse en fotos que aún están disponibles en internet y en las redes sociales de los actores señalados, donde Chacón y De Castro aparecen recurrentemente juntos.

El último evento a cargo de la ex funcionaria y ahora concejera del IEPC fue la realización de un Diplomado de Derecho Electoral que organizó en las instalaciones de la Universidad Privada del Sur de México y en el que ella misma, en su calidad de coordinadora de Instituto de Investigaciones y Posgrado Electorales del IEPC, hizo entrega de las constancias de participación a sus asistentes junto a la poderosa figura de su jefe, el concejero presidente.

Lo paradójico de todo esto es que pareciera que ni el INE ni el IEPC aprendieron la lección de 2016, pues a pesar de los lamentables hechos pasados sus mecanismos de selección de concejales siguen siendo los mismos, e igual de limitados y circunscritos a medir los conocimientos en materia electoral a través de exámenes, entrevistas y la redacción de un ensayo, dejando a un lado un tema tan importante en la actualidad como la confiablidad de los aspirantes.

Esto bien pudiera resolverse habiendo establecido en los requisitos de la Convocatoria, el no haber pertenecido al órgano electoral local en los últimos dos años y presentar un novedoso y efectivo instrumento legal que es la Carta de no conflicto de interés, los cuales muy posiblemente fueron obviados con pleno conocimiento de sus alcances, para permitir que los funcionarios electorales sigan teniendo márgenes de operación política en su favor sobre decisiones torales que afectan la vida democrática del país y del estado.

Lo único que queda claro entonces es que el INE y el IEPC tenían una oportunidad eminente para reivindicarse ante la sociedad, pero lejos de ello decidieron ponerse de nuevo en el ojo del huracán.

Continuaremos.

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