Sr. López
Tío Daniel tuvo fama de tonto, bien ganada porque era muy tonto. Tía Guille lo aguantó nomás porque en el pricámbrico clásico no se estilaba el matrimonio desechable.
El tío desesperaba a cualquiera: tenía estacionado frente a su casa un Chevrolet viejo y descompuesto que no valía la pena arreglar; la tía le puso un ultimátum: -¡Arreglas ese carro o lo botas!, pero así no lo quiero volver a ver – y el tío dijo, “a grandes males, grandes remedios”… y a brocha lo pintó de azul pastel, que tanto le gustaba a ella. Su tontería una vez le costó un grave disgusto porque al vociferante papá de la novia de su hijo mayor (Danielito), que le reclamaba que su niña estaba un poco más embarazada de lo socialmente aceptado en esos tiempos, le dijo: -A grandes males, grandes remedios: desde este momento le queda prohibido a mi hijo ver a su hija –casi lo mata.
Serios problemas significa el ‘hackeo’ a la Secretaría de la Defensa Nacional, de parte del grupo Guacamaya. Además de que debidamente dosificada la información, puede descomponer el proyecto electoral 2023-2024 del Presidente (de Morena si fuera partido, pero no es), además, no va a faltar el maloso que invente hallazgos que no están en el nido de la Guacamaya.
La reacción del Ejecutivo fue equivocada pues para restarle importancia a lo que la tiene (y mucha), validó el ‘hackeo’ afirmando que es cierta la información sobre su salud y la intención de la Sedena de contar con una línea aérea comercial propia, en vez de decir simplemente que es de la competencia de la Fiscalía General de la República, primero, revisar si es cierto el ‘hackeo’; y segundo, investigar quién o quiénes son los responsables porque es delito.
Finalmente, sería de hombre sensato, que el Presidente hubiera puesto a las órdenes de los medios de comunicación de México, la FGR o directamente a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para recibir asesoría sobre el manejo y publicación de la información real que pudiera contener la filtración de la Guacamaya, a fin de no incurrir en responsabilidades, pues el Código Penal Federal es muy claro en su artículo 210, segundo párrafo: “Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa”. No es la negación de la libertad de expresión ni la de prensa, es proteger información que pueda perjudicar a la nación.
Así, con el Presidente aceptando que la filtración de Guacamaya contiene información cierta y asegurando que no procederá legalmente contra los ‘hackers’ de Guacamaya, alguna parte de la prensa en todas sus presentaciones se apresta a dar un festín de escándalos, sin que al Presidente ni a esos medios de información importe un pito el posible daño al país que puede producir el papaloteo de información secreta. No se indigne, no existe el derecho de nosotros los gallardos integrantes de peladaje, a conocer toda la información oficial en nombre de una “transparencia” que de ninguna manera es universal.
El concepto de “transparencia” aplicado a la actividad gubernamental, se refiere a la divulgación y libre acceso a información sobre el desempeño oficial y el origen y uso de los recursos del erario, para evaluar la gestión pública y sancionar la corrupción y la ineficacia. Para eso contamos en México con la ASF (Auditoría Superior de la Federación), que tiene acceso a toda la información de las acciones de gobierno y del gasto público, y la fiscaliza y audita; y además, cualquiera a través del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), puede pedir información de interés público (no por chismoso), a las oficinas de gobierno pero no a todas, tampoco.
Eso último es porque cualquier gobierno de cualquier país, realiza actividades dirigidas a cuidar de la seguridad del Estado (espionaje incluido), de sus intereses estratégicos y de sus acciones diplomáticas discretas (secretas, pues), que no deben ser del conocimiento público. Son los secretos de Estado que en los países desarrollados, vigilan comisiones de muy reducido número de integrantes o recaen en la responsabilidad del jefe de Estado. Como sea: hay cosas que no se dicen y si se saben, se niegan.
A los que sostienen que nada debe ser secreto, se les sugiere solicitar la ciudadanía en Disneylandia. El secreto de Estado es ineludible e indispensable: hay cosas que sí son de seguridad nacional en cualquier nación. Nuestra ley general de transparencia dedica a este tema el Título Sexto que detalla en su artículo 113 qué puede clasificarse como información reservada, aclarando que nunca lo será aquella relacionada con actos de corrupción, delitos de lesa humanidad ni violaciones graves a los derechos humanos. Por cierto: una obra pública NO es secreto de Estado, digo, lo del trenecito maya es vacilón. Así las cosas, no es para festejar la ‘Guacamaya Leaks’, aunque sí lo sea que algunos gallos del palo de hasta arriba del gobierno van a acabar con cola de mandril, porque van a saberse cosas de ¡y-retiemble-en-sus-centros-la-tierra! Esperemos que no se divulgue, por responsabilidad periodística, nada que dañe al país, esperemos.
Mientras, se acerca la fecha de lanzamiento del libro “El rey del cash”, escrito por Elena Chávez, esposa de César Yáñez, el hombre más cercano a López Obrador, señora que ya advirtió que se “reservó más información delicada para poder proteger su integridad”. Por lo poquísimo que se ha sabido, ese libro puede aplastar a las dos principales corcholatas: Marcelito y Claudita.
El libro no trata de secretos de Estado sino de secretos de los que supuestamente financiaron con millonadas del erario al actual Presidente, quien al grito de ¡a grandes males, grandes remedios!, pedirá que lo denuncien si son tan sabrosos, olvidando que el juicio del peladaje es en las urnas y con y sin pruebas, es inapelable.
