Sr. López
¡Que la palabra presidencial en México no obra milagros!… en su mañanera del lunes 6 de marzo, el Presidente habló sobre el secuestro de cuatro ciudadanos de los EUA, sucedido el viernes 3 de febrero en Tamaulipas, y dijo: “Se está viendo ya este asunto, fue en Matamoros. Yo creo que se va a resolver, eso espero, deseo (…)”.
En la mañanera del día siguiente, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, se acercó al Presidente y le dijo que tenía al teléfono al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien le quería informar que ya habían sido localizados los secuestrados. Tomó la llamada ahí, delante de los reporteros y en altavoz, este le informó que acababan de rescatar a los cuatro secuestrados (dos muertos y un herido), y que ya iban ambulancias al lugar. El presidente agregó que luego daría un informe completo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (esperemos que incluya la muerte de la señora que recibió una bala perdida, digo, aunque no sea gringa).
Dirá usted que menos mal. Y sí, menos mal, pero nada lava la cara a nuestras autoridades frente a las de los EUA y su ciudadanía, porque en ese país el delito de secuestro sigue siendo raro a pesar de lo esquiva que es la información dura sobre el total de secuestros en ese país, pues no lo registran por separado en el Informe Uniforme -sic- de Delitos que elabora el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), a cargo de la División de Servicios de Información de Justicia Criminal (CJIS), de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Sin embargo, leyendo tozudamente las parrafadas del NCIC del FBI, se da uno cuenta de algunas cosas: allá nunca prescribe un secuestro y aclaran un altísimo porcentaje de los sucedidos; y también, que sus cifras más alarmantes serían un felicísimo sueño reparador para cualquier policía mexicano: tienen una población cercana a 350 millones de habitantes y desde 2010 el número de secuestros en los EUA varía de 303 a 384 por año; y del altísimo número de menores de edad reportados como desaparecidos, solo el 0.1% es realmente secuestro y recuperan vivos a casi todos.
En los EUA mantienen actualizado el registro de secuestros desde el año de 1758, a la fecha, con la inmensa mayoría aclarados y con los secuestradores tras las rejas (o ejecutados). Duele comparar con nuestro país:
En este sexenio, de diciembre de 2018 al 20 de febrero de 2023, van 6 mil 857 víctimas de secuestro según Alto al Secuestro y según el propio gobierno, 4 mil 378, pero da lo mismo pues la cifra de secuestros no denunciados se estima según cada fuente consultada del 98.6% al 48.6% (dato del que es prudente desconfiar: si no se denunciaron, cómo saben cuántos son… en fin).
Otra cosa que se debe decir es que en México al número de secuestrados bien se podría sumar el número de desaparecidos (al menos en tanto no aparezcan, aunque sea en una fosa clandestina).
Sí, en nuestra esperpéntica situación, resulta que en lo que va de esta administración federal -de diciembre de 2018 a diciembre de 2022-, llevamos 36 mil 83 desapariciones reconocidas por la autoridad (mientras en el sexenio anterior fueron en total, 52 mil 948 desapariciones y en el de don Calderón, otros 16 mil 763 casos). Ojalá y pronto aparecieran todos los desaparecidos, explicando que fueron a darse la vuelta nomás. Ojalá.
Ojalá, pero no es difícil que muchos estén en alguna de las miles de ‘narco fosas’ que tapizan el territorio nacional (4 mil 839 fosas clandestinas localizadas en distintos estados del país entre 2006 y noviembre de 2021 de las que se han exhumado 8,278 cuerpos); para ni mencionar los otros 52 mil cuerpos sin identificar que están en los servicios médico forenses del país. Se le sugiere a usted no sume secuestros, más desapariciones, más inhumados clandestinamente, más fallecidos anónimos. Para qué.
Así las cosas, se entiende el escándalo que produce en los EUA el secuestro de cuatro de los suyos y la muerte de dos de ellos. Allá no tienen cauterizada la capacidad de indignación como nosotros que acá no nos mueve el copete la rapidez para aclarar ese desgraciado evento, comparando con la flaca respuesta que hay sobre connacionales; ni nos alborota el exceso de mortalidad reportado por el Inegi a causa del Covid 19, que ya rebasa los 793 mil 625 difuntos a septiembre del año pasado. No nos van a dar un sofocón cuatro secuestrados y dos muertos. Faltaba más.
Pero si el Presidente y la señora periodista que tiene al frente de la Secretaría de Seguridad (sí, doña Rosa Icela es periodista, egresada de la Septién y con larga carrera en Televisa Radio, El Universal, La Afición y La Jornada), si creen que van a aplacar al tío Sam nomás porque les devolvieron los cuatro secuestrados, se están equivocando.
Allá son muy aferrados en estas cosas. Y ya se va viendo por las declaraciones de los altos funcionarios de la Casa Blanca y del ‘amigo’ del Presidente, el embajador Ken Salazar quien ya exige que se actúe contra los cárteles en México. En este asunto nada de que cada quien con su golpe.
Y convendría que alguien de la confianza del Presidente, le explique que el gobierno de los EUA es muy paciente en estas cosas, pueden pasar años y años y la cobran, siempre.
Y también conviene que si ha decidido despreciar los reclamos y declaraciones de los funcionarios yanquis, no vaya a seguir ignorando y descalificando a la prensa yanqui. No es cosa menor que sea general la embestida contra nuestro Presidente, ni es sano hacer como que no saben que ayer mismo, el Wall Street Journal, publicó una columna de una de sus editoras, Mary Anastasia O’Grady, titulada “La amenaza del narco contra la democracia mexicana”, en la que se afirma que la reforma a nuestra leyes electorales, el Plan B, refleja que el Presidente “quiere acabar con el organismo de control electoral, que puede ser una de las últimas líneas de defensa contra un narcoestado”.
No es cierto pero, ¡cuidado!, el Procurador de los EUA ya dijo: “Seremos implacables”.
