José Antonio Molina Farro
“Todo está dicho, pero como nadie escucha es preciso comenzar de nuevo”
André Gide
En junio de 2018 asistí como invitado en Tuxtla Gutiérrez, a un desayuno conferencia con Olga Sánchez Cordero, anunciada por AMLO como la próxima Secretaria de Gobernación, “en caso de ganar la Presidencia de la República”. Participé en mi calidad de Coordinador del Plan de Gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. En ese momento me pareció una mujer de inteligencia penetrante y de prosa clara y fría. Formulé una breve reflexión y una sola pregunta. Preocupado por décadas de arbitrariedades, impunidad y justicia selectiva de las procuradurías en el nivel federal y en las comarcas locales, inicié mi participación con un ‘dictum’ de Luis Cabrera, “No se puede servir simultáneamente al poder y a la justicia”. En este país, proseguí, las procuradurías han sido, son instrumentos de persecución, intimidación, desprestigio y hostigamiento de los adversarios políticos o ideológicos, nuestra historia está preñada de ejemplos. ¿Cuál es su opinión, espeté, respecto de la necesidad de divorciar en la práctica y con mecanismos constitucionales efectivos, al Ministerio Público del poder ejecutivo, y evitar con ello, las consabidas arbitrariedades del poder político? Su respuesta fue tangencial, me dijo enfática que AMLO no utilizaría a la presidencia con criterios facciosos o de pandilla, y que “va a ceñir su actuación como Presidente de la República a lo que mandata la Constitución”… “Nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley”.
Es bien sabido que el déficit de legalidad deforma el ejercicio del poder y corrompe las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Hoy, el primer Fiscal General de la República ha sido objeto de críticas en casos muy sonados, con señalamientos de incumplimiento del debido proceso, la presunción de inocencia y la secrecía a que obligan las leyes. Otros asuntos nada menores, como el desaseado asunto Lozoya, asuntos familiares de escándalo, su intentona fallida de eliminar el tipo penal de feminicidio, la salida de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, su cuestionado ingreso al Sistema Nacional de Investigadores con un nivel III, sin pasar por los niveles I y II, las órdenes de detención de prestigiosos investigadores acusados de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada y su ingreso a un penal de máxima seguridad, denegado en definitiva por un juez federal y que se leyó como una venganza por haber sido rechazado como investigador. En uno de sus jugosos artículos, “Rescatar la Política”, Juan José Rodríguez Prats, prestigioso intelectual y analista político, invita a “Aplicar la ley sin presunciones ni exhibicionismos. Cuidar forma y fondo, eso es el derecho procesal. Respetar las instancias, conducirse con discreción e imparcialidad”.
Soy partidario, como muchos mexicanos, de consolidar un Estado Democrático de Derecho, capaz de limitar los abusos de la autoridad. De hecho, el uso ideológico y abusivo del concepto Estado de derecho, lo ha vaciado de contenido “y transformado en una mera herramienta retórica” (Shklar). La debilidad del Estado de derecho es una de las herencias más costosas del viejo régimen. Por desgracia, aquella célebre frase de Plutarco Elías Calles pronunciada hace 92 años, “llegó la hora de pasar del país de un solo hombre a un país de leyes e instituciones”, aún está muy distante de la realidad.
En 2001, siendo presidente Vicente Fox, hubo una propuesta de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, coordinada por Porfirio Muñoz Ledo: “que el Senado de la República, por mayoría calificada elija al titular, considerando a todos los candidatos que propongan el Ejecutivo Federal, la Suprema Corte de Justicia y el propio Congreso de la Unión”. Hoy sabemos que es designado por las dos terceras partes del Senado, a partir de una terna propuesta sólo por el Presidente de la República. La Comisión propuso también que en las entidades el procurador fuere designado por “la legislatura estatal de entre los candidatos que propongan el Ejecutivo estatal, el Poder Judicial local y del propio Congreso local”. Aquí vale recordar que el mismo presidente de la república reconoció en 2019 la dependencia de los poderes “autónomos” al ejecutivo, en la mayoría de las entidades del país. La cuestión es que, en la práctica, la tan decantada autonomía no existe ni ha existido en los niveles federal y estatal. Incluso las izquierdas más limpias y progresistas del país se vieron hostigadas durante décadas por las arbitrariedades de procuradurías sumisas a los dictados del ejecutivo. En Chiapas y otras entidades hay casos sonados de disidentes y aspirantes a puestos de elección popular “acalambrados” y sacados de la contienda, con amenazas de apertura de expedientes y persecuciones no tan sutiles. Es de justicia reconocer que en Chiapas, en las pasadas elecciones de este 2021, hubo seriedad ética, civilidad y decencia en los usos del poder.
Por su parte, a la luz del Protocolo Modificatorio del TLC (T-MEC) avanzar en la consolidación de un Estado Democrático de Derecho y un sistema confiable de procuración y administración de justicia es inexcusable y necesario. Proyectar una imagen de respeto irrestricto a la legalidad y a los tratados internacionales es condición ‘sine qua non’ para generar condiciones de certidumbre y de confianza que demanda el desarrollo del país. Llegan inversiones, sí, pero la fuga de capitales sigue en ascenso. La crisis sanitaria y económica arrojó a millones de familias a las filas de la pobreza y de la pobreza extrema. El viejo mundo se muere y asoma con velocidad uno nuevo. “La indiferencia es el peso muerto de la historia”. Gramsci
