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San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes de diferentes colectivas feministas de la Región marcharon del Hospital de Las Culturas a la Plaza de la Paz de esta ciudad, actividad que forma parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ya que el 28 de septiembre es un día de acción por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe y en todo el mundo.
“En el último año y medio hubo importantes avances en nuestra región como la legalización del aborto en nuevos estados mexicanos, la resolución de la Corte Constitucional de Colombia y la gran marea verde en Chile que va a seguir accionando porque no se renuncia a lo que se entiende como un derecho”, dicta un comunicado que hiciera circular la activista Martha Figueroa Mier.
En el escrito citan a países como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana que ostentan tristemente las legislaciones más restrictivas en materia de aborto, llegando a la prohibición total, lo que configura una grave vulneración a los derechos humanos de mujeres y niñas.
“Es frecuente en estos países la criminalización por eventos obstétricos adversos, situación que también registra casos en Uruguay y en nuestro país, aisladamente”.
“En Argentina, tras décadas de lucha y 17 años de activismo organizado en esta alianza federal que es la Campaña, conquistamos la actual Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
A menos de dos años de su aprobación se avanzó significativamente hacia su cumplimiento aún en el marco de la pandemia.
La ley está vigente en todo el país y se incrementó el acceso al derecho al aborto, pero sabemos que no es suficiente pues la aplicación de la ley es dispar según los territorios y todavía subsisten muchos obstáculos”, agregan.
Señalan que es necesario difundir el contenido de la Ley 27610, para que pueda ser apropiada como un derecho -sin estigmas- y garantizada, con presupuestos acordes, por los sistemas públicos y privados de salud como una práctica más.
“Es urgente impedir que la objeción de conciencia sea utilizada para imponer gestaciones forzadas y que se criminalice a las, los y les profesionales que garantizan derechos. Es importante fortalecer la difusión del 0800 222 3444 y ampliar su capacidad de respuesta”.
(Con información de Félix Camas)
