Galimatías/ Ernesto Gómez Pananá
Me formé en escuelas públicas. Presenté examen de admisión para ingresar a la secundaria, al bachillerato y desde luego para la universidad. Evaluaciones presenciales, con fecha y hora precisa en las que los reactivos se contestaban llenando alvéolos con lápiz número dos (referencia solo para conocedores).
Ya desde entonces, estos exámenes eran una especie de ritual de paso que había de tomarse con seriedad, eran la puerta al futuro o al fracaso. Pero eran también algo más: un primer pacto de confianza entre el aspirante y la institución. La universidad -el bachillerato o la secundaria- asumía que quien se sentaba frente a ese examen aceptaba una regla elemental: el resultado dependía exclusivamente de sus conocimientos y de su esfuerzo.
La semana pasada, los medios de comunicación nacionales reportaron la crisis del primer ejercicio no-presencial realizado por la UNAM para recibir nuevos alumnos en sus licenciaturas: 196 mil aspirantes registrados para presentar el examen desde su domicilio, con su computadora propia conectada a internet, con cámara web y aparentes candados de confiabilidad por parte de la universidad. Un desastre estadístico.
Según lo que se ha podido saber, de los 191,306 aspirantes que “sacaron ficha” para someterse al examen, lo presentaron 158,712.
De esos 158,712 jóvenes aspirantes, a 3,170 les fue cancelado el examen durante la misma jornada de evaluación, porque se detectaron irregularidades en su proceso.
Históricamente, ese examen comprende 120 preguntas de opción múltiple y sistemáticamente se reportaba en cada ejercicio -todos presenciales-, entre tres y cuatro por ciento de aspirantes con 100 aciertos o más. En este primer ejercicio a distancia, la estadística tuvo un quiebre atípico: el porcentaje de estudiantes con más de cien aciertos se multiplicó por cinco: más del 16% de los aspirantes superaron esa marca. Los estudiantes con más de 110 aciertos pasaron de 0.9% a 5.5%. Asombroso. Acaso también doloroso.
Asombroso observar un incremento en el número de aspirantes con resultados “de excelencia”. Doloroso, saber, por versiones de la misma UNAM, que un número significativo de aspirantes a ingeniero civil, psicóloga, comunicólogo, médica cirujana o diseñador, consideró válido hacer trampa para lograr su acceso a la universidad.
Según se ha podido saber, las alternativas para falsear el resultado pasaron por la suplantación de identidad, el tener un grupo de expertos “soplando” las respuestas fuera de cámara, el haber recibido las respuestas horas antes o mil posibilidades más, y con costos por acceso a las mismas que pudieron ir -según la carrera- de los diez mil hasta arriba de los cien mil pesos. Insisto, una lástima. Una tragedia.
El punto de reflexión, estimados doce lectores, se relaciona en mi opinión, con el llevado y traído tema de la inteligencia artificial por un lado, y por el otro, con nuestra propensión tan mexicana a buscar la salida fácil, a usar la vuelta prohibida o a pagarle al coyote para hacer el trámite más sencillo. El que no tranza no avanza, o en este caso el que no tranza no pasa el examen y no es aceptado en la carrera de su interés.
Aunque quizá la inteligencia artificial ni siquiera sea el verdadero tema. La IA es apenas la herramienta más reciente. Hace décadas fueron las palancas, los acordeones; después los celulares; hoy pueden ser algoritmos, plataformas o respuestas generadas en segundos. La tecnología cambia. La pregunta moral permanece intacta: ¿estamos dispuestos a sustituir el mérito por el atajo?
Creo entender bastante bien la forma en que solemos razonar y entender la cotidianidad en nuestro país, como decimos también, ni me persino ni me espanto, pero tampoco justifico, y me incomoda, me preocupa e incluso diría que me duele pensar en esos jóvenes dispuestos a pagar por garantizarse el acceso a la universidad. No porque crea que automáticamente serán malos profesionistas, sino porque el primer gran acto de su vida universitaria consistió en aceptar que el fin justificaba los medios. Si el límite ético puede negociarse para entrar, ¿por qué no habría de negociarse después cuando estén en juego un contrato, una sentencia, una licitación o un ascenso?
Me cuesta imaginar el límite que separa la posibilidad de pagar por el ingreso a la licenciatura, o la posibilidad de hacer trampa en el examen semestral de cardiología pediatría o neurocirugía, ese del que depende una parte importante de la formación del futuro médico -o médica- y su desempeño en el mundo real al egresar. Complicado separar una cosa de la otra.
Toda profesión descansa sobre una inmensa asimetría de confianza. El paciente sabe menos que el médico. El ciudadano sabe menos que el juez. El cliente sabe menos que el ingeniero que calcula un edificio. Precisamente por eso depositamos en ellos nuestra confianza: porque suponemos que llegaron ahí mediante un proceso exigente, basado en el mérito y en reglas compartidas. Cuando esa confianza empieza a erosionarse, el problema deja de ser un examen de admisión; se convierte en un problema de convivencia social.
Y es aquí donde cierra el ciclo de esta reflexión dominical. Imagino a esos miles de jóvenes soñando con lograr ser profesionistas. Los imagino con los mismos sueños de Morita, de Vargas, de Fidalgo. Difícil pensar argumentos que den sentido a esas rutas para formarse en lo que se supone es su vocación. Difícil imaginar a un futuro abogado eligiendo la violación de la norma, como mecanismo para iniciar su carrera. Póngase por un momento estimado lector, lectore, lectora, en el papel de paciente odontológico, de cliente de una empresa que construye departamentos, de usuario de un laboratorio clínico. Difícil. Porque el verdadero escándalo quizá no sea descubrir que hubo trampas en un examen de admisión. Trampas ha habido siempre. Lo verdaderamente inquietante es advertir que para miles de jóvenes la honestidad parece haberse convertido en una virtud diferible: primero se entra, luego ya vendrá la ética. Como si la integridad pudiera cursarse en semestres posteriores. Como si fuera una materia optativa y no el primer requisito para ejercer cualquier profesión.
El asunto va mucho más allá de evidenciar que algunos pocos aspirantes hicieron trampa. Lo que quedó al descubierto no fue solamente la vulnerabilidad de un sistema de evaluación, sino la fragilidad de un acuerdo social mucho más profundo: la confianza en que el mérito todavía importa. El asunto desnuda mucho de lo que somos y de lo que estamos dispuestos a hacer para alcanzar un objetivo. Y quizá esa sea la estadística verdaderamente preocupante.
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