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Durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el objetivo de la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es erradicar la corrupción, asegurar que el uso de recursos de los trabajadores sea transparente y generar un esquema en la que también participen los desarrolladores privados, con el objetivo de garantizar la construcción de vivienda social.
Explicó que la reforma plantea que el Infonavit no sólo sea un fondo de ahorro que distribuya los recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que pueda construir vivienda de interés social y cumpla con su objetivo central: otorgar el derecho a la vivienda a las y los trabajadores.
Sello tripartito
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la reforma plantea equiparar la gobernabilidad de esta dependencia con la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), manteniendo el sello tripartito, que se compone del sector gobierno; sector trabajadores y sector empresarial. Por lo que la reforma contempla:
1) Crédito barato y suficiente para derechohabientes que ganan menos de dos salarios mínimos.
2) Desarrollo de vivienda, que permita al Infonavit comprar terrenos, recibirlos en donación y construir.
3) Arrendamiento social con opción a compra, para que las y los trabajadores puedan rentar sin que el pago exceda el 30 por ciento de su salario.
Constructora del Infonavit
Esta realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan y que históricamente no han tenido acceso a vivienda barata y suficiente.
Aseveró que la empresa constructora del Infonavit es indispensable ya que en los últimos 10 años se redujo notablemente la construcción de vivienda, particularmente la de interés social con un valor promedio de 550 mil pesos.
Homologación de los órganos de gobierno
Al igual que sucede en el IMSS, se respeta el tripartismo paritario del Infonavit (ejecutivo federal, trabajadores y empresarios); el director general como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido por la Presidenta de la República; se eliminan las Direcciones Sectoriales de trabajadores y empresarios, que actualmente no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí prerrogativas y percepciones económicas por encima del sueldo de la Presidenta y finalmente se termina el esquema de pago por asistencia a las sesiones de Asamblea, Consejo, Comités y Comisiones, ya que los asistentes actualmente cobran entre 60 y 90 mil pesos por sesión.
Normas anticorrupción
Romero Oropeza expuso que la reforma a la Ley del Infonavit tiene modificaciones al marco normativo de la dependencia para evitar corrupción como el caso de Telra Realty, empresa que en 2014 fue contratada por un monto de 100 millones de pesos (mdp) para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar en donde residían.
Sin embargo, la compañía no entregó el servicio contratado en el tiempo establecido y contrario a ello, el Consejo de Administración no sólo no los penalizó sino que autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5 mil mdp.
Otros casos delictivos
También señaló que se detectó una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores, que se han coludido para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda.
A la fecha, luego de una revisión se advirtió que en 21 estados del país existen 12 mil créditos en mil 400 viviendas, lo que significa que fueron vendidas hasta cuatro veces cada una por año.
Lo que constituye una estafa a los trabajadores cobrándoles hasta el 40 por ciento de sus ahorros y lo cual asciende a más de mil 200 mdp.
Entre los casos de corrupción identificados, en 2019 el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el pago entre 2013 y 2014 de más de 3 mil 600 mdp a cuatro despachos para recuperar viviendas por la vía judicial —práctica que en las administraciones del expresidente López Obrador y la Presidenta de México ya no se lleva a cabo—, con lo cual se realizaron juicios fraudulentos en los que participaron funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit en contra de 60 mil derechohabientes.
