La Feria/ Sr. López
A tía Marilú no la queríamos ninguno de los niños de la familia, por una sola razón: nos regañaba como sargento prusiano a sus reclutas, pescozones incluidos, pero al insoportable primo Mario, su gelatinoso hijito, por sus espeluznantes maldades, no pasaba de decirle: -¡Qué inquieto eres, Marito! –y ya. El sentido de la justicia es innato, qué duda cabe.
¿Somos una democracia o somos una autocracia?… no está tan fácil.
Comencemos por saber lo que no somos: no somos un Estado de derecho… ¿o sí?… a lo mejor estamos exagerando y hasta perdiendo el tiempo, porque sabido es: al tenochca simplex nivel banqueta, le importa un reverendo y serenado cacahuate el asunto.
Sí, pregunte usted a un amigo, a un compadre: -¿Oiga, le interesa saber si en México hay Estado de derecho? -y una de dos: o no le responden nada, para seguir viendo el fut en la tele (pensando vaya usted a saber qué, de su señora mamacita), o le sugerirán, si hay confianza, que definitivamente suspenda la lactancia.
Y la cosa importa, claro que sí, aunque no se dé uno cuenta, aunque interese al gallardo peladaje nacional, menos que las delicias de la gastronomía esquimal.
Primero se debe decir que Estado, así, con mayúscula, se dice de las instituciones que regulan la vida de la sociedad; el gobierno, pues.
Ahora sí: se dice que en un país hay Estado de derecho cuando por un lado, todos los individuos están sujetos a las mismas leyes, leyes escritas, aplicadas siempre igual a todos; y por el otro, que toda disposición o acción de las autoridades, de aquellos que integran el gobierno, se sujeta estrictamente a las normas jurídicas y con absoluto respeto a las resoluciones de los impartidores de justicia, los jueces.
Y lo de los jueces importa una enormidad pues a fin de cuentas, de ellos depende no solo la seguridad y certeza jurídica, pues al asegurar la justa pena al criminal, la reciprocidad del contrato y dar a cada quien lo que le corresponde, para empezar se cumple a cabalidad lo que antes, en los librotes de Derecho Romano (el ‘Corpus iuris civilis’, sí), aparecía como definición de la justicia: ‘Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi’ (“La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”, claro).
El respeto a las resoluciones de los jueces, es factor indispensable del buen gobierno.
No parece tan difícil y de eso, se consigue equilibrio y estabilidad social (ya no hay que hacerse justicia por mano propia), se mantiene la tranquilidad, la paz entre ciudadanos y el correcto funcionamiento de la economía: sin justicia, sin derecho, no hay democracia real y sin ella, no hay progreso. Punto.
Sin Estado de derecho las leyes se aplican a discreción del poderoso de turno, se entorpece la creación de riqueza y se facilita la corrupción.
La democracia real -no solo los procesos electorales, sino el efectivo Estado de derecho-, es premisa indispensable al desarrollo económico y su ausencia o limitación, es el principal obstáculo a la prosperidad.
Por eso le resulta odioso a los Estados autocráticos, despóticos o populista-paternalistas, hablar de crecimiento económico, de producto interno por cabeza, y hablan de “felicidad”, lo que es una tontada que no resiste análisis como dejó muy claro Manolito Kant desde el siglo XVIII.
Por otro lado, se puede considerar que básicamente hay dos tipos de gobierno, el autocrático y el democrático.
En el primero, en la autocracia, gobierna una persona o un grupo de personas sin responder de sus actos ante ninguna otra autoridad (y si por obra milagrosa del Buen Dios, gobiernan bien, eso no les quita su carácter de autocracias).
En tanto que en democracia, cuando hay Estado de derecho, quien o quienes gobiernan, están sujetos a las leyes, normas y las resoluciones de los jueces.
Así, las autocracias suelen mantenerse en el poder por largos periodos, pues califican por sí mismas y aprueban para sí mismas, los procesos electorales (caso de estudio, el fétido Maduro en Venezuela); en tanto que en democracia, en un real Estado de derecho, el poder es alternante, depende de la libre voluntad de la ciudadanía.
Ahora sí: ¿tenemos Estado de derecho?: no. Lo prueba hoy el desacato del gobierno a los recursos de amparo interpuestos contra la reforma al Poder Judicial (sin necesidad ni de mencionar el peliagudo estudio del asunto que emprendió la Suprema Corte).
La Presidenta y sus vociferantes valedores lo han dicho con todas sus letras: no van a obedecer las resoluciones judiciales.
Y así, se esfuma el Estado de derecho: el gobierno no se sujeta a la ley al no respetar las resoluciones de los jueces. Lo demás es música de viento.
Y esto es la peor manera en que doña Sheinbaum pudo iniciar su gobierno. Imaginemos que ante ese Zócalo abarrotado de acarreados del mero día de su asunción al cargo, hubiera dicho:
“Mi gobierno no desoirá los reclamos y propuestas de la sociedad, en particular y por su importancia, en materia de la indispensable reforma al Poder Judicial para mejorarlo en beneficio de todos y sin violar el derecho de nadie”.
Hubiera sido lindo y le hubieran aplaudido igual porque la masa no se anda con detallitos (y ni entiende, perdone que se lo diga).
Pero no, probando que hará valer su elección como argumento máximo por encima del derecho (y el sentido común… ya verá el adefesio que será la esperpéntica elección de jueces, magistrados y ministros); demostrando que le importa muy poco lo que significa una crisis institucional y constitucional; implantará una arbitraria reforma al Poder Judicial, con la tranquilidad de saber que los jueces no pueden imponer sus sentencias. Impunidad.
No en balde el World Justice Project, que el mundo se toma muy en serio, en su ‘Índice de Estado de derecho’ del 2023, coloca a México en el lugar 116 de los 142 países que evalúa. En límites al poder gubernamental, el 104; y en corrupción, el 136. Así nos ven, así estamos.
Doña Sheinbaum: con esto, el Estado de derecho, México, queda decapitado.
