Sr. López
Cuando un incauto fue a pedir la mano de la prima Esther -morena clara, ojos verdes como platos, cuerpo de infarto y pasado de rielera-, sus papás, hicieron una cena como de fin de año: el novio era de una familia insultantemente rica. El muchacho tenía cara de monaguillo inglés del siglo XIX: un baboso descolorido.
Ya de regreso del evento de solicitud-concesión de mano, íbamos en taxi con el abuelo Armando, señor-señor que usaba la boca para comer, silbar bajito y rara vez para hablar, la madre de este menda -que sí tuvo-, le preguntó a su papá qué opinaba del novio de Esther. Contestó lacónico: -Ojalá conozca un buen abogado -y así fue; divorciarse de la Esthercita puso en riesgo la fortuna que esa familia hizo en generaciones.
Ojalá La Patria, la señora de la portada de los libros de texto gratuitos (de antes), tuviera un buen abogado. Lo necesita. El país ya en pleno quinto año de la presente administración federal, enfrenta las consecuencias de cuatro años de decisiones improvisadas y erráticas, cuyo precio es impagable en términos de sufrimiento evitable a la población.
Ayer, en la prensa nacional en línea, se informó que el gobierno regresará a las empresas privadas la distribución de medicamentos, conforme al acta de fallo de la Adquisición Consolidada de Medicamentos para los Ejercicios 2023-2024, publicada en Compranet, lo que es regresar a como estábamos en 2018.
Recuerde usted, el Presidente en marzo de 2019, dio a conocer una lista de diez empresas dedicadas a la fabricación, venta y distribución de medicamentos que recibían el 80% de las compras gubernamentales; sin pruebas, las calificó como las “consentidas” del gobierno de Peña Nieto y aseguró que combatiría ese monopolio. En abril siguiente anunció que como “medida preventiva” había vetado a tres empresas. En mayo declaró: “(…) tenemos presiones porque no les gusta lo que estamos decidiendo (…) se compraban de medicinas al año cerca de 90 mil millones de pesos, y se compraba toda esa medicina solo a 10 empresas. Un gran negocio y no había medicinas. Bueno, ya se acabó eso”.
Para combatir eso que calificó de corrupción, primero, desapreció el Seguro Popular que sustituiría el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), dejando sin servicio médico a 16 millones (según Coneval, a uno no le ande creyendo). Crecían las denuncias y protestas por falta de servicio médico y de medicamentos y material de curación.
En 2019 anunció el presidente que a partir del siguiente año, el Insabi se encargaría de comprar y distribuir los fármacos. Después contrató la compra de los medicamentos a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Seguían las quejas. Crecía el escándalo. Los niños con cáncer atenazaron a la nación. En enero de 2020 el Insabi inició labores.
En julio de 2020, anunció el Presidente la creación de una empresa estatal de distribución de medicamentos a cargo de Birmex, la empresa del estado responsable de producir vacunas. Declaró: “¿Cómo llega la Coca-Cola?, ¿cómo llegan las Sabritas?, ¿por qué no vamos nosotros a distribuir las medicinas hasta las comunidades más apartadas?” Y agregó que un exempleado de una esas empresas “(…) nos está ayudando para tener la experiencia y poder echar a andar una distribuidora de medicamentos y resolver el problema del abasto de las medicinas”, ¿Sí?, pues no. El desabasto y la desatención médica continuaban.
El 18 de marzo de 2022, anunció que el Insabi dejaría de funcionar a partir del 1 de abril en algunas entidades, reemplazado por el IMSS-Bienestar. El Acuerdo firmado a ese efecto señalaba que el Insabi se encargaría de las compras consolidadas de medicamentos, material de curación y equipo médico. Se canceló el contrato con la UNOPS.
La Secretaría de la Función Pública (dependiente del gobierno federal, del Presidente, pues), informó que durante la emergencia por el Covid-19, Birmex compró 13 millones de piezas de medicamentos en 2021 pero en abril de 2022 seguían almacenadas. No se distribuyeron. La ASF (Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados federal), informó que en la CdMx que gobierna (es chiste), Ladycorcholata, mantuvieron almacenadas 160,369 vacunas en 2021 y “algunas” caducaron.
La propia Birmex, en su informe 2021, aceptó que no había implementado un programa de distribución por ser un “procedimiento complejo y carecer de recursos” (¿complejo?… no parece, si las Sabritas llegan; y eso de “carecer de recursos” es una frase venenosa en contra de la austeridad republicana, ¡pobre Presidente!, todos lo traicionan).
Por su lado, en agosto de 2022, el titular del Insabi, Juan Ferrer, reconoció (redoble de tambores): “No tenemos problema de comprar medicamentos, ya los compramos, todo lo que nos pidieron las otras dependencias ya se adquirió, el problema ya no es comprar, ahora el problema recae en la distribución”. Y esa declaración es una mentada de madre. Imagine a una mamá de un niño con cáncer o a cualquier enfermo sin atención médica, oyendo que sí hay medicina, que ya se compró, pero que no se las han entregado. Eso es igual falta de medicinas, estén en la bodega del fabricante o la del gobierno, pero no con el enfermo.
Y ayer nos venimos a enterar que todo va a regresar a como antes en este quinto año de gobierno, después de decenas de miles de historias de sufrimiento evitable.
El verdadero problema es que en este quinto año y conforme siga avanzando el calendario, el Presidente cada vez tiene menos margen de maniobra y poco podrá hacer para corregir el rumbo. Y el próximo año se le va a hacer humo entre el proceso electoral y preparar la transición de gobierno que va a ser un festival de mentiras.
Todo sin mencionar (no lo quiero preocupar), el inminente desastre de obras incosteables y programas insostenibles y la economía en crisis, que nosotros los gallardos integrantes del peladaje nacional nos quedaremos a capotear, tan fácil como hacer un pastel de cerezas con sandías.
