SR. LÓPEZ
En la familia materno toluqueña de este su texto servidor, había un tío Manuel que no fue nunca una perita en dulce y en cuestiones de dinero no reconocía pelo, color ni tamaño. También había un tío Carlos, primo hermano del otro, señor querido por propios y extraños, apacible, sensato… pero tampoco tarugo de nadie. En mala hora el tío Carlos rentó una casa del tío Manuel. Toda la familia materna alzó las cejas: de eso no iba a salir nada bueno, tarde o temprano… y fue temprano, porque como a los tres meses de firmado el contrato y ocupada la casa, el tío Manuel salió con que estaba cobrando muy barato y quería no solo más sino que fuera desde la fecha en que tío Carlos se cambió. La cosa fue escalando de tono y no fue sorpresa para nadie que el avaro tío Manuel llevara el asunto a un tribunal en el que, conforme a derecho, tenía todas las de perder, pero de a poquitos y dando sobornitos, parecía que se iba a salir con la suya, hasta que a iniciativa de toda la familia, se solicitó la intervención del señor López, progenitor de este menda, con el que nadie se andaba con bromas. Al citado López no le gustaba meterse en asuntos ajenos y menos de su familia política, pero menos le gustaba que doña Yolanda, su señora esposa, anduviera “de malas”, y decidió que si los dos iban a verlo a su oficina y los dos aceptaban que él interviniera, “ya vería qué hacer”. Y algo hizo: en una sentada, el tío Manuel desistió de la necedad de subir arbitrariamente el alquiler y firmó un nuevo contrato con la misma renta por diez años y decía estar muy contento por “haber resuelto ese malentendido”. Muy a las calladas había quien decía que el negociador, López Senior, dijo al abusivo tío Manuel que a él le molestaba tratar con bandidos y que francamente prefería arreglar el asunto con su viuda… o que firmara el nuevo contrato que puso sobre la mesa y señaló con su escuadra calibre 45. Eran rumores, pero algo ha de haber sido cierto porque la esposa de tío Carlitos decía que su marido, a pesar del muy buen arreglo a su favor, tuvo diarrea una semana. ¿Qué necesidad?
El pasado martes, en su conferencia de prensa mañanera, el Presidente, con una sonrisa de comer tostadas, anunció que se había arreglado el diferendo que tenía la CFE con las empresas constructoras de los gasoductos (y proveedoras del gas), con un ahorro para el gobierno de 4 mil 500 millones de dólares. Habló también Carlos Slim (dueño de una de esas empresas): todo fueron parabienes y alegría. Todos contentos. Nadie ha visto los arreglos a que se llegó.
¿Cómo empezó esto?
Durante el gobierno anterior se firmaron contratos de construcción de gasoductos para adquirir a esas mismas empresas el gas. En diciembre pasado, Manuel Bartlett, director General de CFE, anuncio que iba a “revisar” los contratos. En febrero, declaró que la CFE estaba pagando el gas a Carso, IEnova y TC Energy, sin recibir el gas. No era cierto.
Lo cierto es que los contratos establecían que si había causas de fuerza mayor, ajenas a los contratistas, que retrasaran la ejecución de los gasoductos y la venta del producto, el gobierno pagaría por ello. Entre 2016 y 2018, grupos yaquis se opusieron al gasoducto Guaymas-El Oro que construía Ienova (y desenterraron algunos tramos); mientras el gasoducto Sur de Texas-Tuxpan de IEnova-TC Energía, no recibía permisos ¡del gobierno! (Semarnat y SCT); al mismo tiempo, el Samalayuca-Sásabe, de Carso, se atrasó porque ¡el gobierno! no otorgó los permisos (Sedatu y el INAH); junto con eso el Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara de la contratista Fermaca, se atrasaba por falta de licencias ¡municipales! Todos esos retrasos según el contrato firmado por el gobierno, le costaban penalizaciones… al gobierno. Y el gobierno era el causante de los retrasos (no hubo ciclones ni terremotos o un segundo Diluvio, no, fue el gobierno y los yaquis).
Entre el 11 de febrero y el 26 de marzo (todo en este año), el Presidente declaró que los contratos eran ‘leoninos’ y a los órganos reguladores que los validaron, los declaró ‘alcahuetes’.
Ienova y TC Energía demandaron a la CFE ante el Juzgado Tercero de Distrito el 12 de abril. Fermaca ante el Juzgado Primero de Distrito, el 9 de mayo.
Entre el 24 de junio y el 1 de julio, la CFE solicitó arbitraje internacional contra los siete contratos (perdido de antemano, pues eran válidos y fueron vigilados por los órganos reguladores de la materia, con fuerza de ley y conforme a tratados internacionales… qué pena con las visitas). El embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, reclamó semejante desafuero. El 6 de agosto, el gobernador de Texas, Gregory W. Abbott, pidió que se dejaran de pelear.
El 8 de julio la CFE aceptó no pedir el ‘knock out’ del arbitraje internacional y sentarse a negociar por las buenas, con la mediación de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. 26 de agosto: ¡albricias! se arreglaron.
El gobierno dice que ganó, pero no ganó nada. Los empresarios no cobrarán los montos de las penalizaciones por causa de fuerza mayor pero a cambio, subieron el precio del gas al establecer un precio fijo en vez de uno creciente (ahorro nominal de tarifas, pero mayor costo real), aumentaron el volumen que les comprará la CFE, incrementaron el plazo del contrato y conservan a perpetuidad los ductos (antes, pasaban a propiedad de la nación, al final del contrato).
Uno que le sabe a esto, Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México, declaró: “(…) en el periodo de transición el nuevo Gobierno debió tomar acciones inmediatas y no comenzar un conflicto legal, ahora celebran la resolución a un conflicto que ellos mismos crearon”.
Bueno, pero se arreglaron. Ahora falta ver qué maroma legal hace la CFE para justificar jurídicamente la modificación de los plazos de los contratos de 25 a 30 o 35 años y los mayores volúmenes de gas que va a comprar.
No cualquiera hace sonreír a Carlos Slim… bueno, así, sí.
