CIRO CASTILLO
Suelen decir que Andrés Manuel López Obrador es un personaje político que siempre cumple lo que promete.
Cuando asumió el poder refrendó al menos 100 promesas que ya había adelantado en campaña, y a un año de su triunfo electoral, dijo que 76 de ellas, se han logrado concretar.
Si hacemos un ejercicio de revisión de esas promesas, efectivamente, quizá no al 100 por ciento, pero el Presidente de México las ha intentado cumplir al pie de la letra, salvo temas complejos como la inseguridad que parece no tener fin.
Por eso es tan importante poner atención al tema del conflicto que se generó entre el gobierno y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el cual, pasó prácticamente inadvertido con todo “el bailongo” con motivo del primer año del triunfo de la llamada Cuarta Transformación.
Excepto por aquella idea de que “nadie estará por encima de la ley”, en las 100 promesas de campaña, López Obrador jamás hace referencia al respeto de los Derechos Humanos. Así que, un rechazo a la recomendación de la CNDH por el tema de las guarderías de la extinta Sedesol, podría ser, de lo que puede venir, “apenas la puntita”…
PORTAZO EN LAS NARICES
“Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los CENDIS promovidos por el Partido del Trabajo; ambos programas tendrán recursos garantizados en el presupuesto y pasarán a formar parte de las secretarías de Bienestar y de Educación Pública”, fue una de las 100 promesas del Presidente de México el día que tomó el poder.
Por esa razón, a pesar de señalamientos de actos de corrupción en este programa y que las madres beneficiarias siguen recibiendo un recurso en efectivo, la cancelación de este sistema de “estancias infantiles” causó tanto ruido y molestia.
La semana pasada, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al respecto, sugiriendo mantener esta opción, principalmente para las madres que trabajan, vino la respuesta “iracunda” de cuatro secretarías, encabezadas por la Secretaría de Bienestar.
Peor tantito, en la mañanera del viernes pasado, el Presidente de México echó más leña al fuego al indicar que aceptar la recomendación hubiera sido –aunque suene irónico – una violación a los derechos humanos.
“…no existe justificación para concluir que el Estado Mexicano incumplió con el principio de progresividad y no regresividad tras la abrogación de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles y la publicación de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”, dice el oficio firmado por cuatro instancias del gobierno: Secretaría de Bienestar, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia(SNDIF). Y este extracto es “nomás la puntita” del portazo a la CNDH.
MÁS CLARO, NI EL AGUA
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien ya había recibido una señal de desprecio, el día de la presentación de informe anual de derechos humanos, pues el documento no fue recibido por el Presidente de México sino por la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha tenido que “tragar saliva”.
Aunque ha dicho que el rechazo a la recomendación de la CNDH muestra un desconocimiento de las dependencias respecto a la labor del “ombudsman” en los países, sabe que tiene una batalla perdida ante el poder del Ejecutivo.
Ese portazo en las narices a la CNDH podría ser, de lo que se puede venir encima de sus representantes, “apenas la puntita…”
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