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El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca tuvo una reunión de trabajo en Tapachula con representantes del sector productivo de la región Costa-Soconusco de Chiapas, ante quienes refrendó su firme compromiso para garantizar el Estado de derecho y continuar procurando la justicia siempre al lado de la gente en todo el territorio estatal.
En un marco de respeto y cordialidad, después de escuchar las inquietudes y propuestas de las y los empresarios, Llaven Abarca reconoció el trabajo que realizan para promover la economía en la región, creando oportunidades de crecimiento y desarrollo para miles de familias chiapanecas.
Aseveró que desde el inicio de la nueva etapa de la Fiscalía General del Estado, en Chiapas hay procuración de justicia seria y eficaz, por lo que “hoy podemos confiar que tenemos una Fiscalía que trabaja por la ciudadanía con respeto y responsabilidad, sin maquillar nada”, agregó.
Subrayó que hoy en Chiapas no hay impunidad a ningún acto de violencia ni a conductas delictivas o antisociales, resaltando los resultados y la efectividad de los trabajos de la mesa de seguridad que encabeza todos los días el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno.
“En Chiapas se trabaja replicando las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón para tener un cambio radical en la procuración de justicia y se arranquen de raíz la impunidad y la corrupción, las cuales han causado tanto daño a Chiapas”, añadió.
RECONOCEN EMPRESARIOS LABOR DE LA FGE
Por su parte, los líderes empresariales manifestaron su total apoyo y disposición para trabajar por un Chiapas más productivo, en coordinación con el Gobierno y la Fiscalía General del Estado, resaltando su respaldo al trabajo que realiza este órgano autónomo de procuración de justicia a través del Centro para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones (CENTRA), el cual desde su creación en 2009 ha beneficiado a casi 8 mil adolescentes y jóvenes de Chiapas, México y Centroamérica.
Además, aplaudieron los operativos de desalojo que se han realizado en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, San Fernando, Jiquipilas, Berriozábal y Acala, para restituir los derechos de propiedad y posesión de la ciudadanía, demandas que no habían sido escuchadas desde 2009.
En ese sentido, se congratularon porque ahora en Chiapas no hay nada ni nadie por encima de la ley, “porque se garantiza el Estado de derecho y porque desde el 8 de diciembre hay cero tolerancia a la delincuencia”, elementos necesarios para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social de las y los chiapanecos.
