LA FERIA/Sr. López
Allá a fines del siglo XIX, contaba la abuela Elena, la región de Autlán era atenazada por los bandidos. Mataban con crueldad, robaban ganado y cosechas, quemaban ranchos, violaban mujeres, se robaban “niñas”.
Así, se reunieron los rancheros para hacer alcalde al Sapo, un sombrerudo de huarache con legítima fama de despiadado, padre de varios mocetones, brutales como él, con quienes ni los bandidos se metían. Le dijeron que hiciera como quisiera pero que acabara con los bandoleros. El Sapo aceptó advirtiendo que luego no le reclamaran. Al principio parecía que no hacía nada pero resultó que había mandado matar a unos comerciantes muy ricos de Guadalajara y ya luego en el pueblo, empezaron a aparecer muertos algunos adinerados, el notario y algunos alcaldes anteriores; el cura párroco y algunos más, se esfumaron.
Pasado un año, de los bandidos, ni sus luces. Preguntaron al Sapo cómo había hecho y según la abuela, contestó: -Pues se fueron… como aquí ya no es negocio robar -contaba la abuela. Historias de pueblo.
Tengamos claridad: el problema número uno a resolver (o empezar a resolver), por el actual gobierno federal, no es la economía, no es la educación, no es (asómbrese), la salud; todos esos asuntos y muchos más, se deben atender, sí, por supuesto, pero teniendo muy presente que el asunto principal, esencial, ineludible, es la seguridad pública. Punto.
Nada es más importante. La seguridad pública no solo es asignatura obligatoria para cualquier gobernante, es su principal deber y la justificación misma de la existencia del Estado, del gobierno, como primera expresión del “imperio de la ley”; esto, aceptando que ante el imprevisible crimen común (un asalto callejero, un homicidio pasional, un fraude), el Estado no puede preverlo, pero sí, a cambio, debe garantizar la aplicación de la ley, hacer justicia; ‘fiat iustitia, et pereat mundus’, decían los romanos, ‘hágase justicia y perezca el mundo’, significando que se debe hacer justicia pase lo que pase, al precio que sea; algo sabían esos romanos.
La seguridad pública general, la de la población de un país o región, es la que sí debe garantizar el Estado, ante cualquier amenaza orgánica, estelarmente en tiempos de paz, el crimen organizado. Sin eso, la vida en común, en paz y libertad, se vuelve quimera, se desbarata la sociedad, el progreso se atasca y de no remediarse, el retraso y la pobreza se enseñorean.
No lo dude, revise por ejemplo el triste caso del sur Italia, su ‘mezzogiorno’, que abarca ocho regiones (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Cerdeña, Molise, Puglia y Sicilia), bajo la influencia terrible de la mafia, que lejos de debilitarse ha extendido su poder y la controla, confinándola a una situación de subdesarrollo permanente.
Y el gobierno italiano no encuentra cómo resolver un problema claramente identificado desde principios del siglo XIX (en 1838, en el reporte oficial del fiscal General Pietro Calà Ulloa). Y ahora, tan añejo, parece imbatible, enquistado en la misma organización social, primero de Sicilia y ahora en todo el sur del país, con un estimado de un millón de trabajadores a su servicio, el de la mafia.
Sí, las cosas pueden ser mucho peores y de larguísimo plazo. En México aún no es nuestro caso. Son relativamente recientes las organizaciones criminales que hoy asuelan (se puede decir, ‘asolan’), amplias regiones del territorio, aunque sí parece que dominan o influyen en el 30% de los municipios.
Los criminales mexicanos no han aprendido cómo construir una sólida base social, como sí hicieron las mafias sicilianas (no le digo cómo, no es cosa de darles clases a los delincuentes, pero como botón de muestra, le cuento que lejos de “cobrar piso”, crean fondos de ahorro para auxilio de viudas y huérfanos, así como para pagar defensa legal a los que apresa la autoridad… tontos no son, allá).
Por supuesto este menda no tiene ni la menor idea (la menor sí, pero da pudor opinar de tan complejo asunto), sobre cómo se debe combatir al crimen organizado en nuestro país, pero sí sabe que es momento de desempolvar esa vieja idea surgida en el siglo XVI -en el Renacimiento-, de la ‘Razón de Estado’, ese intrincado arte de gobierno, de saber cuándo es lícito incurrir en un mal menor para evitar uno mayor, ese peligroso no respetar los límites para proteger a la sociedad y en última instancia, al propio Estado.
No es cita pero Churchill sí decía que para gobernar se debían hacer cosas que quitan el sueño a los que no están hechos para gobernar… y que él siempre dormía bien (¡y vaya que algunas de sus decisiones fueron terribles!, como la traición que en 1944 le jugó a los partisanos comunistas de Grecia, que fueron sus aliados para luchar contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial y después, los dejó a su suerte, dejó que los masacraran, abriendo paso a los partidos de derecha… y tan fresco; lo llaman “El vergonzoso secreto de Gran Bretaña”).
Ahora se habla de que el tal Trump prepara una “invasión suave” a México, que consistiría en operaciones encubiertas de sus fuerzas especiales para bombardear laboratorios de fentanilo y apresar-asesinar, a cabecillas del crimen organizado. Nuestra Presienta ya dijo que no lo ve posible y que si pasara, “tenemos el himno nacional” (¡ah, bueno, qué tranquilidad!).
La pregunta es si conviene o no a México, no solo aceptar sino propiciar la asociación con el país más poderoso del mundo, para combatir con mayor eficacia a las bandas criminales que nos afligen. Decisión difícil, pero nadie en sus cabales rechaza que lo ayude el vecino a apagar el incendio en su casa.
Lo que está claro, a la vista del creciente problema de inseguridad pública en buena parte del país, es que en defensa de la “soberanía nacional”, no fue buena idea terminar la colaboración con la DEA (si es que es cierto), y que el “intercambio de inteligencia e información”, con los EEUU, poco consiguen y a este paso podemos seguir siendo muy soberanos con un gobierno soberanamente fracasado. A elegir.
