Sr. López
Este gobierno federal va de salida (sabio este menda). Aunque quisiera, que no quiere, ya nada puede hacer para corregir lo no poco que hizo mal, incluida la bomba de tiempo financiera -intencional madeja administrativa, agujero negro de corrupción-, en que encallaron sus programas sociales. Ha ganado su lugar en la historia nacional. A pulso.
Faltan las tropelías del último año de gobierno y los desafueros que sin escrúpulo cometerán para imponer a su candidata a la presidencia de la república, objetivo esencial para asegurar la continuidad no de la transformación, no sea ingenuo, sino de la impunidad de que gozan; y están seguros de su triunfo a la vista de los ilimitados recursos financieros de que disponen, junto con el aparato del gobierno federal y los de no menos de 22 estados y sus huestes de operadores en nómina.
Y van a conseguir la continuidad en el poder si el electorado opta por la abulia, esa indiferencia que lo tiene inerme ante las numerosas violaciones a las leyes de este gobierno, de este Presidente, sin haber hecho valer su peso social los 69 millones que NO votaron por este gobierno que asumió el poder por legítima decisión de 30 millones que lo eligieron, sí, pero son la tercera parte de la ciudadanía. En nuestras manos está. Sin voto masivo la trampa es posible.
Todo en medio de la constante tolvanera de escandalitos cotidianos, que distraen la atención del respetable y pareciera que pasa desapercibido a todos, un asunto de la mayor gravedad que puede influir, que va a influir en el proceso electoral del 2024, como lo ha hecho antes y cada vez más: la delincuencia organizada.
Tan vivimos distraídos (por cierto, ¿Peso Pluma va a poder cantar en Tijuana?), que no se desató una vorágine en nuestros medios de comunicación, no hubo manifestaciones ni plantones, los partidos de oposición no pusieron el grito en el cielo, el gobierno federal no envió de urgencia un equipo de trabajo a Washington, cuando en enero de 2022, el Congreso de los EUA presentó públicamente su informe de 40 páginas titulado ‘México: crimen organizado y organizaciones traficantes de drogas’, elaborado por el Congressional Research Service (Servicio de Investigación del Congreso).
¿Qué tiene de particular?, ya sabemos que el tío Sam es muy metiche. Bueno, sí, pero algo nos debería de interesar que el Congreso del país más poderoso del mundo, nuestro principal socio comercial, con el que tenemos tres mil kilómetros de frontera, diga que “(…) están preocupados por la corrupción y las fallas del sistema de justicia en México, que conducen a la impunidad y al fracaso de los juicios, lo que podría derivar en una dictadura criminal sin control”.
A ver, le repito: nuestro despelote “podría derivar en una dictadura criminal sin control”. Dictadura criminal… sin control. Pero, seamos optimistas, hasta el fin de este gobierno el último día de septiembre del año próximo, seguirá vigente la estrategia de ‘abrazos, no balazos’… ¡fíu!, menos mal.
No se pueden negar las premisas del informe sobre en qué riesgo está el país: la corrupción (rampante), los problemas de nuestro sistema de justicia (hoy agravados un poquitín por el peligro de estrangulamiento presupuestal que se propone el Ejecutivo), la impunidad (creciente), y el fracaso de juicios (mayormente por errores intencionales o no, en la integración de expedientes de las fiscalías). No podemos negar nada de eso.
Aunque estemos acostumbrados a todos esos esperpentos y no se nos mueva el copete ante lo que en otros países consideran atrocidades, sí deberíamos recapacitar en que en nada beneficia a los EUA dictaminar tan severamente nuestra situación que según ellos -se lo repito para que calibre la escala del atolladero en que estamos-, “podría derivar en una dictadura criminal sin control”.
Y otra cosa, ¿no estaremos ya en eso, en una dictadura criminal?… no en todo el país ni en el nivel del gobierno federal, no dramaticemos, pero sí en muchos municipios y tal vez en algún o algunos gobiernos estatales.
Recuerde usted que en marzo de 2021, el General Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, declaró que entre el 30% y el 35% del territorio mexicano es un espacio no gobernado donde mandan las bandas de la delincuencia organizada. Y para este 2023, ya es noticia irrelevante que en estados como Michoacán, los criminales controlan todo el comercio y los mercados públicos, ponen el precio de los productos, cobran derecho de piso a todo mundo, agricultores incluidos (ahora resulta que el corte de limón es actividad de alto riesgo).
Las cosas no van bien en esto que sí representa un real peligro para el gobierno del país, para la estabilidad nacional. Dice el informe del Congreso de los EUA que “en 2022, la cooperación en materia de aplicación de la ley entre Estados Unidos y México es la más débil de los últimos 15 años”. Y en 2023 no parece haber mejorado, aunque el viernes hayan extraditado al hijo del Chapo Guzmán, lo que no ayuda en nada a México y sí agrava la inseguridad porque encona las luchas entre bandas criminales, como está visto desde 2006.
Tampoco ayuda la estrategia de responderle al gobierno de los EUA que en su país se vende armamento a los delincuentes de acá, porque a fin de cuentas, nosotros no controlamos nuestras fronteras ni nuestras aduanas.
En la coyuntura del país, en pleno proceso electoral y con las campañas a todo trapo (con otros nombres con los que los partidos se burlan de la ley), la pregunta es si el actual gobierno federal, apoyado por los de todos los estados, está tomando providencias para impedir que las bandas de la delincuencia organizada, sigan (porque ya lo hacen), mangoneando elecciones municipales… y hasta de las otras, incluidas la de Presidenta de la república. La respuesta es no.
La solución estrictamente en lo electoral, es promover el voto urbano. Los criminales no mangonean elecciones en las ciudades. De verdad, seamos conscientes, con el voto urbano alcanza… o el diluvio.
