Sr. López
Sabedor de algunas historias que se contaban de tío Macro (parece que fue matón, o eso se decía en Autlán), ya viejito, un día le preguntó su texto servidor, cómo hizo para que nunca le robaran de sus inmensos ranchos ni una cabeza de ganado y respondió medio sonriendo: -No, sí me robaban pero no perdía dinero, más bien me convenía, porque le descontaba completa la res a cada caporal -¡ah, bueno!
Pues muy bien, estamos todos metidos de cabeza, supuestamente, en el proceso de selección de candidatas a la presidencia de la república (aparte de los conciertos de Taylor Swift), y ayer 24 millones de menores de edad regresaron a clases apurándose a llegar con sus libros de texto gratuito bajo el brazo (los quieran o no), y gratuito en singular porque se usa respecto del texto y en la segunda acepción del término: arbitrario (como en ‘suposición gratuita’).
Imagina uno que algún extranjero que se enterara de los asuntos nacionales leyendo nuestra prensa, pensaría que somos un país con una vibrante ciudadanía que se involucra en la vida pública con gran pasión y… bueno, según se vea.
Lo cierto es que cada seis años, resurge el deseo colectivo de atinarle a la persona que habrá de ocupar la presidencia de la república y que sea más eficaz que el Alka-Seltzer, más honesto que una monjita del Verbo Encarnado, más valiente que Pancho Pantera y sabio como Hipatia, esa con fama de bella, virtuosa y casta, grandísima filósofa del siglo IV d.C., matemática, primera mujer científica que registra la historia y considerada mártir de la ciencia (murió linchada pero muy feo, una turba la descuartizó con conchas de mar hasta dejar solo una papilla sanguinolenta).
Perdone la digresión. De regreso a nuestras cosas. En México pareciera que cada seis años recorre al país la pulsión y la esperanza de que “ahora sí viene el bueno” (en este caso, “la buena”), como si de verdad todo en este país dependiera de una sola persona la que quede al frente del Poder Ejecutivo federal.
Dirá alguien que no todo pero que cuando menos, el gobierno sí es responsable de la seguridad pública y no anda desatinado quien lo diga mientras no recapacite en que de alguna manera, nuestras autoridades nos hacen el favor de no echarnos en cara que les atamos las manos… no se ponga así. Se explica este menda y ya luego lo insulta.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del año pasado, realizada por el Inegi con datos del 2021, en México se cometieron 28.1 millones de delitos y fueron denunciados el 10.1%.
A reserva de saber cómo le hace el Inegi para saber cuántos delitos no fueron denunciados, aceptemos que se pone en conocimiento de las autoridades más o menos, el 10% de los crímenes, por lo que dejan de ser de su responsabilidad 9 de cada diez. Según el Inegi no son denunciados porque el tenochca simplex lo considera una pérdida de tiempo y por falta de confianza en los policías y ministerios públicos. Así no se puede.
Y menos se puede si de los delitos que sí se denuncian, solamente el 5% se aclaran, según diferentes estudios e informes (p.ej. el de México Evalúa)… y peor si nos venimos a enterar que de los encarcelados, el 70% son inocentes (estudio de ITESO), y de los presos, el 93% nunca vio la orden de aprehensión (Encuesta de Población en Reclusión del CIDE). Y se debe decir, porque todo hay que decir, que la inmensa mayoría de estos números terroríficos, corresponden a los gobiernos estatales, porque la inmensa mayoría de los delitos denunciados (el 80%), son del fuero local.
Por cierto, según estudio de la organización Impunidad Cero, de los homicidios dolosos, nunca se aclara el 93%. Esto significa que asesinar en México representa menos riesgo que vender enciclopedias. Mal andamos.
México Evalúa, en la octava edición del informe ‘Hallazgos, una radiografía de la justicia penal en México’, de octubre de 2021, dice: “En la práctica, ningún delito se esclarece realmente: sólo se repara el daño al 0.30% de las víctimas de un delito (…)”. Y el 0.30% es una víctima de cada tres. O sea, de tres que sí denuncian, dos se quedan sin acceso a la justicia. Bonita cosa.
No hay lugar para el optimismo: según el Índice Global de Impunidad México 2022, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, presentado al Senado en octubre del año pasado, México tardará 35 años en resolver el problema de la impunidad, porque tenemos poco más de la mitad de los policías preventivos estatales que debería haber, según establece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (federal), y encima, de 2019 a 2022, se redujo el número de agencias del Ministerio Público por cada cien mil habitantes de 3.53 a 2.24, o sea un 37% menos de agencias investigadoras (¡viva la austeridad!).
La asfixia presupuestal del gobierno federal afecta a los gobiernos de los estados y también tiene acogotado al Poder Judicial, el mero responsable de impartir justicia. Resulta que en términos reales el presupuesto de ese Poder ha disminuido el 15.4% del 2018 al año pasado. Y somos el país de la OCDE que menos presupuesto destina a seguridad.
Cuando de Palacio se aprieta al Poder Judicial, se aprieta al país. Si de por sí es alarmante que se denuncie el 10% de delitos y se aclare el 5% de ellos, por más que sean estatales el 80%, al regatearle presupuesto a los jueces, se frunce el país entero.
Anda mal este gobierno federal. En el sexenio de Calderón el Poder Judicial creció su presupuesto el 44.4%; en el de Peña Nieto, el 31.4%… y este señor lo ha reducido el 15.4%.
Nadie sabe, nadie supo (como en los episodios del Monje Loco, de la vieja XEW Radio), la razón de la astringencia de recursos para la impartición de justicia y la prevención de los delitos. Uno supone que el presupuesto nacional obedece a la razón y que las prioridades son seguridad, salud y educación en primer lugar (las tres al mismo tiempo y con la misma importancia), pero no, en este gobierno federal primero es la grilla, la más barata.
