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En los centros penitenciarios del país hay una fuerte carencia de infraestructura digna para vivir y convivir, además de que hacen falta programas de capacitación laboral o educativa, de salud mental o una planeación adecuada para que las personas privadas de la libertad puedan tener herramientas que las fortalezcan al momento de salir de prisión, según un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez.
La investigación titulada “La reinserción social. Propuestas de la LXV Legislatura”, elaborada por la investigadora Carla Angélica Gómez Macfarland, destaca que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, “la población privada de la libertad en México en ese año fue de 220.5 mil personas (94.3% hombres y 5.7% mujeres).
Por otro lado, apunta que para una efectiva reinserción social es necesario que los centros penitenciarios cuenten con la infraestructura suficiente para propiciar una vida digna a la población privada de su libertad, aquella que, supuestamente, violó la norma penal.
Pese a ello, en los centros penitenciarios, sobre todo a nivel estatal, dicho factor no se cumple, pues tan solo en el año 2021 se estimaba que el 46.4% de la población privada de la libertad a nivel nacional compartió su celda con más de cinco personas y el 8.1% de la población tuvo que dormir en camas compartidas, lo que impide la privacidad, incluso, en el tiempo de descanso.
Además el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Baja California, las entidades con mayor número de población privada de la libertad.
El documento del IBD señala que en la LXV Legislatura, las y los legisladores de distintos partidos han propuesto más de 42 iniciativas de reforma a leyes secundarias respecto de temas relacionados a la reintegración de personas privadas de la libertad a la comunidad.
Estas iniciativas, señala el estudio, tienen como finalidad una reinserción efectiva, mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad y, por supuesto, brindar más y mayor protección a las y los ciudadanos, disminuyendo los índices de reincidencia delictiva.
