Sr. López
Inseguridad pública, creciente zozobra social, ausencia del Estado en amplias regiones del país. No va bien la cosa. Se diga lo que se diga desde el poder federal, la delincuencia organizada no se debilita y la detención esporádica de “capos” no significa en el mejor caso, sino el reacomodo de las gavillas de bandoleros o en el peor, la subdivisión de pandillas.
La producción de estupefacientes, su comercialización global y hasta el narcomenudeo parecieran ser ya problemas menores ante el problema cotidiano que afecta a los habitantes de una cada vez mayor parte del país, sometidos a la voluntad de los delincuentes: extorsión, secuestro, cobro de piso, control del mercado de productos agrícolas, prostitución, trata de personas, tráfico de migrantes, desaparición de personas, homicidios y sicariato; innegable influencia de los delincuentes en algunas no pocas estructuras municipales de gobierno; sospecha fundada de que tal dominio alcanza a mandos de las estructuras castrenses destacadas en las regiones militares… y el inminente riesgo de que más pronto que tarde, se incrusten en gobiernos estatales y sectores del estamento federal, en el que a la fecha solo alcanzan a elementos individuales de las fuerzas policiacas.
Combatir a las grandes organizaciones criminales es un deber del Estado, del gobierno, sabiendo que el resultado de enfrentarlos es diferente a su erradicación absoluta, que no es posible. Para explicar este sinsentido aparente, veamos dos casos:
Primero, la mafia de Sicilia, cuyo más remoto antecedente son los “gabellotti”, administradores de las tierras de los nobles que asumieron el papel de árbitros de la sociedad común, antecesores de la mafia como la conocemos, cuya primera mención es el Informe Judicial de 1838, del fiscal General Pietro Calà. Y por si usted piensa que Italia no ha querido eliminar a la mafia, repase el chasco que allá por los años 20 del siglo pasado, se llevó Benito Mussolini que la combatió con toda la fuerza del Estado y su falta de escrúpulos judiciales y no pudo y siguió y ahí sigue a pesar del llamado maxi proceso de 1986, cuando fueron juzgados simultáneamente 474 acusados.
El segundo es la “yakuza”, la mafia japonesa, tal vez la más poderosa y peligrosa del mundo, de la que hay rastros desde principios del siglo XVII que se consolidó al inicio de la modernización del Estado japonés en el siglo XIX. Empezaron como protectores de los señores feudales y evolucionaron al crimen, fortalecidos por samuráis que cambiaron a mercenarios. La yakuza hoy por hoy, se estima la integran tres mil bandas criminales que conviven con el aparato de gobierno, las grandes empresas y los hombres del poder del Japón donde la norma universal es no ver, no oír y menos mencionar a la yakuza, dedicada al juego, el tráfico de drogas, la prostitución y la extorsión-asociación con grandes empresarios en especial del sector inmobiliario y la banca. Recuerde que en 2020, para la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio, públicamente la policía japonesa pidió a la yakuza autocontrol para su buen desarrollo. Y en Japón no ha habido “maxi procesos”.
Estos dos casos tienen un factor común: tanto la mafia siciliana como la yakuza, limitan la delincuencia común. Ese es el origen de su base social y el fundamento no declarado de la complicidad de facto del aparato de seguridad del Estado. Son bandas criminales organizadas que a la par de sus negocios ilícitos, aseguran la normal vida segura de la ciudadanía con sus métodos sanguinarios y expeditos. Cometer un crimen sin la previa aprobación de los capos o jefes, es asegurarse una paliza, la amputación de un miembro o la muerte.
Ni Italia ni Japón padecen una guerra abierta entre bandas delincuenciales y de ellas contra las fuerzas del Estado. Tampoco sufren por índices de delitos comunes en ascenso que alteran la vida ordinaria de las personas. En tanto que en México la hemorragia es incontenible y la vida de la ciudadanía en no pocas regiones, un calvario; ya tenemos pueblos fantasma, abandonados por sus aterrados pobladores, ante la indiferente mirada de las autoridades.
El planteamiento de que es posible erradicar toda variante de la delincuencia organizada, es una utopía, un ideal imposible y suponer que su origen principal es la pobreza, una mentira que el caso japonés confirma. Y es peor proponer la inacción como estrategia del Estado, que es como traducen los delincuentes el lema de “abrazos, no balazos”.
En nuestro caso, la industria organizada del narcotráfico, con sus alcances globales, es inconcebible a manos de tipos que difícilmente saben escribir su nombre. La lucha contra la delincuencia organizada en nuestro país es como corretear albañiles diciendo que se está combatiendo a un consorcio constructor mundial. Los verdaderos dueños de semejante empresa clandestina están muy arriba y no solo en México.
Sabiendo que en los términos vigentes, la guerra mexicana contra el narcotráfico internacional, es una guerra perdida (más aún sin el apoyo del gobierno de los EUA que les compra la droga, les lava sus capitales y les suministra armamento), debe tener muy claro el gobierno que eso no tiene nada qué ver con la generalizada delincuencia común que padecemos, que devasta regiones y arruina la vida de tanta gente.
Hay quienes aún no toman conciencia del daño brutal causado por este gobierno y sus primeros cuatro años de inacción en seguridad pública, disfrazada tras programas sociales que también cobran los malandrines de banqueta, sin dejar de cometer sus fechorías.
Lo peor es que en este quinto año de gobierno, el Presidente no va a tener cabeza para nada diferente a las elecciones en el Estado de México y Coahuila; y en el sexto, todo su tiempo mental lo dedicará a su sucesión.
No es consuelo pero el Presidente ha dicho varias veces que sin recuperar la seguridad pública no habría cuarta transformación, bueno, su boca es su medida: sexenio perdido por cortesía del elevadorista de Palacio.
