Ciro Castillo
Me encanta como, de uno y de otro lado, “cuatroteistas” y “opositores” se desgarran las vestiduras discutiendo la reforma electoral con el argumento de que defienden al pueblo. La verdad es que “al pueblo” eso de los partidos políticos y los políticos mismos, les importa un cacahuate. Salvo honrosas excepciones, que sí las hay.
Únicamente en los procesos electorales como el de 2024, cuando se elige gobernador y presidente de la república, ahí la gente se emociona.
El problema es también que no hay mucho de dónde elegir y, como no queda de otra, se vota por lo que hay.
Por lo anterior, afirmamos, lo de la iniciativa presidencial para reformar la Constitución en materia electoral (rechazada porque no se alcanzó la mayoría calificada) y las reformas secundarias en la misma materia (aprobadas de madrugada por la mayoría guinda con aliados) no es más que el pleito de una pequeña cúpula.
Solo quienes tienen intereses enraizados en los partidos políticos o que están buscando un cargo, ya sea de elección popular o en la administración pública, están preocupados por el debate. Además de los opinólogos, claro.
No hay que ser experto para saberlo, el Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo que goza de credibilidad y tiene funciones importantes, pero, en efecto, en su interior hay muchos intereses en juego.
Los consejeros arguyen la defensa de la democracia mexicana cuando defienden la autonomía y permanencia del árbitro electoral, pero también es verdad que cuidan “jugosos salarios” y prestaciones, además de otras canonjías que poseen.
Por el contrario, Andrés Manuel López Obrador, su gabinete y sus legisladores, quieren tener el control de uno de los pocos organismos autónomos que le hacen contrapeso. Y así han sido todos los gobernantes, a su modo, pero así han sido.
Lo del ahorro de dinero es un mero argumento. En el fondo Morena y aliados quieren garantizar que habrá continuidad.Con el INE acotado es más fácil que “la corcholata” preferida triunfe con mayor facilidad en dos años…500 páginas.
El mismo Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena en la Cámara Alta, se ha encargado de difundir parte del contenido del llamado “Plan B” enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara Baja y aprobado “a piejuntillas”, el cual consta de 500 páginas.
El zacatecano, quien busca a como de lugar, hacerse notar para que sea incluido en el grupo de “las corcholatas” presidenciables, ha amagado que las reformas secundarias en materia electoral no pasarán “en fastrack” en el Senado; incluso, integrantes de la oposición le han exigido que se defina y que vote en contra.
Según lo que ha expresado el aspirante a la candidatura presidencial morenista el paquete de reformas trae, a su juicio, varias propuestas que se contraponen a la Constitución y, por tanto, deben analizarse con detenimiento.
Una de ellas plantearía que los partidos políticos, aunque pierdan el registro a nivel nacional, si lo mantienen en 19 entidades federativas, seguirían vigentes.
Una más propondría que si los partidos políticos con registro nacional no alcanzan el 3 por ciento que establece la Constitución, si van aliados, podrían recibir “por transferencia” votos de los otros integrantes de la alianza.
En la mañanera de este jueves, un reportero preguntó al respecto al Presidente de México, en el sentido de que se estaría protegiendo a los partidos “chiquitos” aliados de Morena.
El mandatario, evidentemente molesto, respondió que habrá que analizar si esta situación es cierta; sin embargo, se deslindó de esa postura.
Además de un ahorro de unos 5 mil millones de pesos que contiene el paquete de reformas secundarias, senadores como Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, aseguran que Morena y aliados proponen que las credenciales del INE, incluida su expedición, pasen a formar parte de las tareas de la Secretaría de Gobernación.
Evidentemente, el “Plan B” pretende poner contra la pared al INE, pero habrá que esperar el debate final, si es que ocurre, en el Senado…
Aderezos
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