Sr. López
Como dijo la teibolera en la Convención Anual de Marinos Mercantes, todo tiene límites. Sí, todo, excepto nuestra justificada desconfianza de las autoridades de este país, aunque la cuota de mentiras que se pueden decir en la vida, la hayan agotado hace mucho, se superan y para asombro global, en estos tiempos de transformación nacional, lo único que se ha transformado es la manera de hacer lo que les pega la gana: a la vista de todos, con cinismo hijo de la soberbia… y la ignorancia.
Lo comento a usted por el sonado caso del amparo que suspendió las obras del tramo 5 del tren Maya, que no se viola, según el Ejecutivo, aunque las obras se hayan reanudado porque el propio Ejecutivo emitió un acuerdo (diciendo que el trenecito es de seguridad nacional, aunque no sea y aunque fuera).Ese decreto presidencial y el acuerdo del Consejo de Seguridad, determinando que el trenecito es de seguridad nacional, NO están por encima de la resolución del juez que concedió la suspensión. Punto.
Si el gobierno federal no quiere esperar la resolución final de esa suspensión y lo que quiere es limpiarse el extremo inferior de su sistema digestivo (la mera salidita), con el amparo hoy vigente, tiene que impugnar ante un tribunal colegiado de circuito, presentar sus argumentos y conseguir la revocación para dejar de cumplir la orden judicial.
Que argumente lo que quiera para dejar sin efectos el amparo, pero que no vaya a alegar que es “seguridad nacional” porque eso es una ridiculez (imagine que fuera una instalación militar de la más alta seguridad, de la que dependiera la integridad del país… si no se obtienen las licencias y permisos previos, junto con la manifestación de impacto ambiental, no se puede construir; ya después, ya construida, entonces sí: secreto, confidencialidad absoluta, pero no antes de existir… ¡qué difícil es explicar lo obvio!).
Lo único que no se puede hacer es lo que se hizo: primero, iniciar las obras por los purititos calzones presidenciales, sin proyecto, sin permisos, especialmente el de impacto ambiental, y luego, reiniciarlas pasando por encima de un amparo, lo que es desacato.Y lo de la manifestación de impacto ambiental es cosa seria. El gobierno debió obtenerla (de Semarnat, que es parte del propio gobierno), ANTES de empezar a talar la selva, no después y eso es tan grave que en esos casos la Semarnat no concede el permiso durante un plazo de 20 años.
Ya resulta extraño que la construcción del trenecito se haya encomendado al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en vez de a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y que la ejecución de los trabajos esté a cargo del ejército. ¡Cosa más grande!También debería ponernos en alerta que el Presidente haya corrido al arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, para sustituirlo por Javier May (que de turismo y obras sabe lo que un ciego de técnicas de igualación de colores), pues según dijo el propio Presidente: “Necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables (…) que no se detengan ante nada (…)”.
Parece que don May es de esos. ¡Al pelo!Así las cosas, May da la cara aunque no interviene en las obras que ejecuta la Defensa Nacional y ahora, desde el reinicio de los trabajos en desacato al amparo que las suspendió, las secretarías de Gobernación y de Seguridad Ciudadana aparecen como responsables de dicha decisión, tal vez pretendiendo que al May no lo acusen del desacato, ¡qué ingeniosos!, como si los jueces fueran tontitos: el responsable legal sigue siendo May que reinició las obras por órdenes de quien sea, pero contra los términos del amparo.
Además está el costo del trenecito: originalmente 120 mil millones (antes de tener el proyecto ejecutivo, o sea, era un cálculo con el dedo ensalivado contra el aire), pero ‘se dice’ que anda en 200 mil -‘se dice’, o sea, es chisme-, y también ‘se dice’ que la subsecretaría de Egresos de Hacienda, calcula que ronda los 500 mil millones… lo que hizo más urgente declararlo de ‘seguridad nacional’, pues alguien le hizo creer al Presidente que así nadie sabe, ni sabrá, cuánto costó. ¡Cuánta maldad!, le habían de decir la verdad, no sean así.
Dejando lo de los dineros, ya deberían ir previendo los funcionarios enredados en esto, que el desacato es delito seriecito: Ley de Amparo, artículo 267: “Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir.
Peor tantito, el último párrafo de ese artículo dice: “Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo”. ¡Recórcholis! (léase: ¡en la…!)… a ver, ¿quién es el superior del Secretario de Gobernación, de la de Seguridad Pública, del Secretario de la Defensa y del Director de Fonatur?… ¿quién?… sí, el mero Presidente de la república. No se vale que nuestro Ejecutivo no tenga cerca un abogado que le hable derecho: -Jefe, córrame si quiere pero eso es ilegal y no se puede hacer –total, de unos gritos no pasa.
Y fuera bueno que un alma caritativa se apiadara del Presidente y le advirtiera que la representación de los EU en el T-MEC, emitió un comunicado (el 11 de julio), en el que dice estar “muy pendiente” de lo del trenecito, pues puede violar el capítulo de medio ambiente del tratado y porque “a pesar del creciente descontento de las partes interesadas, México ha seguido adelante con su proyecto de construir el Tren Maya antes de 2024”.
Seguirán las obras. Habrá trenecito. Habrá escándalos. Seguramente, funcionarios correteados. Y quien será el expresidente dirá que no salió caro y que las críticas son de sus adversarios. Y ya.¿De qué sirven los paniaguados que están con el Presidente?… de veras, trabajan menos que el sastre de Tarzán.
